El Gobierno aprobó ayer, con varias semanas de retraso, el mecanismo de ayuda para las comunidades autónomas con necesidades financieras acuciantes y que no pueden acudir a los mercados. El Ejecutivo ha rechazado finalmente recurrir a los llamados hispabonos, argumentando el riesgo de que mutualizar la deuda puede perjudicar las emisiones de deuda estatal. Hacienda ha optado, para evitarlo, por un fondo financiado por el Tesoro y mediante una fórmula origi-

El 'conseller' Andreu Mas-Colell y el ministro Cristóbal Montoro, en el Consejo de Política Fiscal, el jueves. JUAN MANUEL PRATS

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Información publicada en la página 5 de la sección de Tema del día de la edición impresa del día 14 de julio de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

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nal: un tercio de la aportación total de 18.000 millones de euros procederá de un préstamo de Loterías del Estado con cargo a ingresos futuros. Y del mismo modo que Bruselas ha impuesto duras condiciones a España a cambio del rescate a la banca, Hacienda vigilará de cerca a las autonomías que soliciten el préstamo, retendrá las transferencias estatales en caso de impago y redobla la amenaza de la intervenirlas.

El Ejecutivo no aclaró de dónde sacará la inversión necesaria para nutrir el fondo, dado que descartó que el Tesoro vaya a modificar su calendario de emisiones. En cuanto al interés del préstamo, será el mismo que paga el Estado más un diferencial reducido.

La ayuda autonómica estará disponible inmediatamente, una vez que sea publicada en el Boletín Oficial del Estado, lo que permitirá auxiliar a las comunidades con necesidades urgentes. El fondo se mantendrá en funcionamiento «mientras persistan las dificultades», según detalló el titular de Economía, Luis de Guindos, tras el Consejo de Ministros. Guindos reconoció que algunos gobiernos tienen «grandes» problemas para acceder a los mercados, una situación que podría «llegar a ser límite» de no aprobarse el nuevo mecanismo.

Las comunidades que reclamen ayuda tendrán la responsabilidad íntegra del pago y deberán asumir los controles adicionales que impone la ley de estabilidad financiera. Deberán presentar un plan de ajuste, informar «puntualmente» de su ejecución y, en el plano financiero, «garantizar una senda de endeudamiento sostenible». En última instancia, advirtió Guindos, podría llegar a la intervención. La vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, fue la encargada de lanzar la advertencia política: «El autogobierno también tiene otra cara, que es la responsabilidad». La número dos del Ejecutivo subrayó que las autonomías están obligadas a reducir el déficit, aunque eso les obligue a «redimensionarse»,

EL CUARTO TIJERETAZO CATALÁN / El Gobierno lanzó estas advertencias el día después de imponer a las comunidades un ajuste extra de 8.000 millones. Y es que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado el jueves el Ejecutivo se negó a suavizar el objetivo de déficit autonómico, pese a que la UE sí que otorga a España un margen adicional de un punto porcentual. Así pues, al final del próximo año las autonomías deberán situar su déficit en el 0,7% del PIB, en lugar del 1,1% previsto inicialmente. CiU advirtió ayer de que el nuevo objetivo de déficit «aboca» a Catalunya a un cuarto paquete de recortes por valor de 800 millones de euros. El secretario general de CDC, Oriol Pujol, advirtió de que el «ordeno y mando» del ministro de Hacienda deja a la Generalitat sin margen de maniobra y acerca a Catalunya al choque con el Estado.

El conseller de Economia, Andreu Mas-Colell, visiblemente irritado con el desarrollo del CPFF, blandió ayer la hipótesis de dialogar directamente con Bruselas si al Gobierno central «se le pasa por la cabeza» intervenir Catalunya.