Hace apenas 40 días, Xavier Trias y Antonio Balmón, presidente y vicepresidente ejecutivo de la flamante Área Metropolitana de Barcelona -constituida hace menos de un año-, presentaron sus credenciales a Mariano Rajoy en la Moncloa. «Lo más importante es que le hemos explicado qué era el Área Metropolitana», dijo Trias tras el encuentro. Pues bien, las decisiones del propio presidente, esta semana y singularmente ayer, han creado dudas y zozobra en la entidad supramunicipal sobre su continuidad o desaparición. Porque el Gobierno apuesta por poner fin a las mancomunidades, retratadas ayer por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como «órganos intermedios que no tienen mucho sentido».

La visita 8 Balmón y Trias explican su reunión con Rajoy en la Moncloa, el pasado 30 de mayo. ARCHIVO / JUAN MANUEL PRATS

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Información publicada en la página 6 de la sección de Tema del día de la edición impresa del día 14 de julio de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

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«Hemos pedido informes jurídicos, aunque hay que esperar a leer cómo se articula esta decisión del Ejecutivo y cómo se modifica la ley», apunta Balmón a este diario, antes de recordar, sin embargo, que el Área fue creada en virtud a una ley del Parlament (la última que se tramitó en el último mandato) y que deriva, directamente, de las competencias otorgadas por el Estatut del 2007.

Dicho de otro modo, el Área Metropolitana espera que no le afecte ni la transferencia de competencias desde el poder local a las diputaciones ni la desaparición de las mancomunidades de servicios entre municipios.

Y puede que acabe siendo así. El anteproyecto de ley no se refiere al Estatut, pero basa la supervivencia de las mancomunidades en que su «sostenibilidad financiera esté asegurada», algo que, según el Gobierno, no ocurre en la mayoría de los casos. «El 71,3% de estos organismos no cumple con sus obligaciones de presentar cuentas anuales», señalan en el Ejecutivo.

En cualquier caso, la reforma de la administración local aprobada (con la que se busca un ahorro de 3.500 millones de euros, 700 de ellos mediante la supresión de mancomunidades) solo presentó una novedad respecto a lo anunciado el miércoles por Rajoy: los municipios más grandes podrán tener un máximo de 35 concejales. Por lo demás, los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes cederán competencias a las diputaciones, se suprimirán el 30% de los regidores tras los comicios del 2015 (muchos de ellos no cobran, así que la medida tendrá escaso impacto económico) y los interventores municipales dependerán de Hacienda. Mientras tanto, el PSOE y la Generalitat sopesan llevar estas medidas ante el Constitucional.