¿Quién teme a Amaiur?

El inicio de la décima legislatura de la democracia ha tenido su cara en el tono dialogante exhibido tanto por los nuevos presidentes del Congreso y del Senado como por la mayoría de portavoces de las fuerzas políticas, y su cruz en la cicatería para reconocer a Amaiur el derecho a tener grupo parlamentario propio. La coalición vasca, que integrana EA, Alternatiba, Aralar y a los herederos de Batasunaa, recurrió a una artimaña para intentar evitar el único escollo que le impediría tener un grupo: no alcanza en la circunscripción de Navarra, donde obtuvo uno de sus siete escaños, el 15% de los votos, listón que sí supera en las tres provincias de la comunidad autónoma vasca. Con una argucia casi escolar, la coalición decidió que su diputado por Navarra se ausentara de la sesión ¿por motivos personales¿, de manera que los otros seis parlamentarios presentes tuvieran todos los derechos para evitar caer en eltotum revolutumdel grupo mixto. Será ahora la Mesa del Congreso la que tome una decisión definitiva.

            El problema de si Amaiur debe tener o no grupo parlamentario en el Congreso no está, sin embargo, en la letra pequeña del reglamento, ni en trucos ni astucias, sino en la capacidad política de admitir la voz de las minorías, por incómoda que esta resulte a algunos. En este sentido, Amaiur, la formación que más diputados obtuvo en Euskadi en las elecciones del pasado 20-N, después de la apuesta de la izquierda aberzale por la democracia y del anuncio del cese de la actividad terrorista por parte de ETA, merece tener una voz propia en el Parlamento español. ¿No queríamos integrar en el sistema a esa corriente política para que saliera para siempre de la órbita etarra? Ahora tenemos la oportunidad.

            Que Amaiur y, por extensión, sus votantes sean plenamente reconocidos por la democracia española es un paso más hacia el definitivo destierro del terrorismo y no al revés. Por eso es triste que la legislatura empiece con el recurso a tretas y a la rígida interpretación de la ley que poco tienen que ver con la flexibilidad y la grandeza de miras que debe tener un sistema político abierto, plural y garante de la convivencia.

            No sorprende, por desgracia, el tono duro utilizado en este punto por la diputada Rosa Díez, máxima dirigente de Unión Progreso y Democracia, quien vino a decir que quienes no están de acuerdo con el orden constitucional español no tienen cabida en las instituciones y, por tanto, no deberían presentarse. Eso significaría que ningún republicano, ningún comunista o ningún independentista podría aspirar a ocupar escaño en el Congreso o en el Senado puesto que la Carta Magna consagra la monarquía, la economía de mercado y la unidad de España. Y eso significa empujar hacia territorios extraparlamentarios a los representantes de millones de personas.