Una oportunidad para la política

El drama de los desahucios, que señala como ningún otro de los episodios de esta larga crisis dónde están sus verdaderas víctimas, es a la vez la mejor oportunidad que se ha presentado en años para la recuperación de la política, de la auténtica. Quizá pasará mucho tiempo antes de que aparezca una causa tan justa y con tanta capacidad para reconciliar a los partidos con la ciudadanía, especialmente con la que ya los ve más como problema que como solución.

Los casos de suicidios de personas a punto de ser desalojadas de su vivienda ha despertado la conciencia incluso de los jueces, que claman por unos cambios legales urgentes. Una reacción tan singular e inesperada que ha puesto una vez más en evidencia la siesta en que viven los partidos. También ha producido una serie de movimientos, como la respuesta inmediata del poder político y un abortado consenso entre el PP y el PSOE. Ya hemos visto que, finalmente, la solución gubernamental es un nuevo parche, tan poco sorprendente como decepcionante.

Sin embargo, la oportunidad sigue ahí porque la herida de la injusticia aún está abierta.

Ya se ha visto cuál es la oferta del PP. Mimetizar la que había ofrecido la banca: revisar caso por caso para ver quién, después de perder la casa, merece la limosna de no ser lanzado a la calle. CiU, como siempre --como hizo con la huelga del 14-N-- al disimulo, de perfil. El PSOE, que no dio un paso cuando estaba en el Gobierno, ha hecho unas propuestas de máximos, por no decir demagógicas, y se ha desmarcado del PP.

Los partidos tienen ahora la ocasión de apoyar en el Congreso la iniciativa legislativa popular (ILP) que promueven varias organizaciones sociales y políticas para acabar con una situación que irá a más en los próximos meses porque el número de parados aumenta.

Puede que no todo el contenido de la ILP sea trasladable a la ley, pero si una buena parte. El punto básico que hay que modificar es el desequilibrio de la legislación hipotecaria, que carga sobre el cliente la pérdida de valor patrimonial de los inmuebles a la hora de la subasta. Cuando las viviendas se revalorizaban al ritmo de dos dígitos por año, el beneficio se repartía puesto que la banca ampliaba sus créditos hasta el 120% de la tasación --un 50% por encima de lo que dictaban las normas de riesgos--.Pero ahora, cuando la depreciación es galopante, es el cliente quien pierde de saque un 40% o un 50% de lo tasado.

No se trata de perjudicar a la banca, ni de impedir que siga haciendo negocio con la titulización de hipotecas, sino de ponderar las cosas, de impedir tanta arbitrariedad.

Quizá bastaría con una pequeña modificación de la ley concursal, de forma que los particulares, a los efectos de la vivienda, puedan suspender pagos en las mismas condiciones que una sociedad. Los bancos no aceptan la dación en pago de las promotoras por darles un trato preferente, sino porque cuando estas entran en concurso de acreedores la deuda hipotecaria se pone a la cola, como el resto, y quien presta el dinero cobra cuando le toca y la cantidad que le toca. Por eso los bancos prefieren quedarse el edificio o el terreno antes de que el caso pase por el juez, y dan por saldada la deuda.