El Periódico

Viernes, 20 de enero del 2012

En los últimos meses las aseguradoras han redoblado sus campañas publicitarias, incluso han cambiado el mensaje de fondo. Ahora acentúan mucho más la supuesta inseguridad del ciudadano que solo cuenta con la sanidad pública en lugar de las ventajas de quienes disponen de una mutua privada.

Este movimiento está vinculado a los problemas de las finanzas públicas. Porque, como todo el mundo sabe, los gobiernos se llenan la boca asegurando que sanidad y educación son intocables, pero en estos dos capítulos es donde se han notado los primeros efectos de los recortes.

A la vez, los teóricos de la colaboración entre lo público y lo privado desempolvan sus viejos textos para demostrar la conveniencia de una entente que permita descargar los castigados hombros del Estado y, supuestamente, aumentar su eficacia. Se refieren a la salud, pero también al turismo --los Paradores-- y a la educación.

La reforma más clara y profunda que se está haciendo en la sanidad consiste en poner todas las condiciones --incluido el alarmismo-- para facilitar la migración de la actividad hacia el sector privado a través de las mutuas.

En realidad, una póliza de mutua sanitaria es básicamente un seguro hospitalario en el sentido más hotelero del término. No garantiza mejor trato médico y ni siquiera el coste, porque con frecuencia el mutualista tiene que pagar de su bolsillo la parte de un tratamiento o una prótesis que no cubre su seguro. Puede que evite, eso sí, la lista de espera para casos no urgentes; pero no para visitar a un especialista.

Lo más alarmante de lo que ocurre es que el sector público cada vez deja más terreno libre para que el privado haga negocio, cuando tendría que ser al revés. La sanidad pública debería competir con las mutuas.

Por ejemplo, un hospital del ICS o uno de sus concertados tiene la posibilidad de facilitar habitaciones individuales a los pacientes que las deseen y quieran pagarlas de su bolsillo; lo mismo podría decirse con el mobiliario mínimo para un acompañante, y tantas otras cosas.

Eso no es copago ni repago, sino nuevas fuentes de ingresos ofreciendo lo mismo que ofrecen las mutuas: servicios no médicos. Esas plantas cerradas e improductivas de algunos centros podrían ser rentabilizadas y convertirse en una vía para conseguir unos recursos tan necesarios. Porque es eso lo que hace falta, ¿no? ¿O los apuros económicos solo son una cortina de humo para desmantelar el sistema?

Pero no parece que quienes administran la sanidad pública estén por la labor; al contrario. Sobre todo en Catalunya, donde parte de sus gestores no solo proceden del sector privado, sino que continúan en él en una escandalosa compatibilidad.

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