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La desaparición de un sátrapa sudamericano

Videla muere entre rejas

El dictador argentino cumplía tres condenas de cadena perpetua por las atrocidades de su régimen

Tenía 87 años, un convencimiento absoluto de su papel histórico y se sentía «un preso político»

Sábado, 18 de mayo del 2013 Imprimir Enviar esta noticia Aumentar/ Reducir texto
ABEL GILBERT
BUENOS AIRES

«El desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento equis, y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento zeta. Pero mientras esté desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial, es un desaparecido, no tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo».

Jorge Rafael Videla, durante los años de su cruenta dictadura (1976-1981). ARCHIVO

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Información publicada en la página 12 de la sección de Mundo de la edición impresa del día 17 de mayo de 2013 VER ARCHIVO (.PDF)

El autor de estas palabras, Jorge Rafael Videla, murió ayer a las 8.25 de la mañana en la cárcel bonaerense de Marcos Paz, donde cumplía tres condenas de cadena perpetua por secuestros, torturas, asesinatos y apropiación de bebés. Tenía 87 años y un convencimiento absoluto de su papel histórico.

El dictador siempre se consideró un cruzado. Hasta el último de sus días dijo que todo lo hecho entre 1976 y 1981, el año que le dejó la presidencia de facto a otro general manchado de sangre, Roberto Viola, fue para que Argentina siguiera siendo «occidental y cristiana».

El deceso de Videla dejó en suspenso las pugnas cotidianas. El rostro del general destituido dominó las pantallas en sus dos versiones: sonriente, pulcro y temerario, como se mostraba con uniforme o de civil en los años 70, y el Videla encorvado, canoso y esposado que desfiló por los tribunales en sus últimos años. Dos días antes de morir se negó a declarar ante el fiscal que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del Plan Cóndor, como se llamó la represión coordinada de las dictaduras de la región.

AMNISTÍA / El dictador se consideraba «un preso político». Tuvo el privilegio de ser juzgado a la luz del día. Sus adversarios, en cambio, fueron arrojados al río de la Plata o fosas comunes, siempre al amparo de la noche.

Cuando el país recuperó las instituciones, después de que los militares abandonaran el poder tras la derrota en la guerra de las Malvinas, Videla y los integrantes de las juntas de Gobierno fueron juzgados. A Videla, al igual que al almirante Emilio Eduardo Massera, lo sentenciaron a prisión perpetua a finales de 1985. El presidente Carlos Menem lo amnistió en 1991, agitando la dudosa bandera de la «reconciliación nacional». Videla salió a la calle y se dejaba ver en las iglesias, siempre en hora de misa.

Pero siete años más tarde fue procesado nuevamente por el robo de niños nacidos en cautiverio. Videla cumplió, a partir de ese momento, un arresto domiciliario. Recién pudo ser condenado cuando el Supremo declaró inconstitucionales todas las leyes de impunidad. A diferencia de otros dictadores sudamericanos como Augusto Pinochet y Alfredo Stroessner, Videla no solo fue condenado sino que tuvo que cumplir su pena como un delincuente común.

Hace dos años aparcó su característico mutismo. «Para no provocar protestas dentro y fuera del país, sobre la marcha se llegó a la decisión de que esa gente desapareciera; cada desaparición puede ser entendida como el enmascaramiento, el disimulo de una muerte», dijo sobre las «7.000 y 8.000 personas» que perdieron la vida entre 1976 y 1983. Muchos grupos triplican la cifra.

El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, preso y torturado bajo el régimen, lo definió como «un hombre que ha pasado por la vida haciendo mucho daño». Ricardo Gil Lavedra fue uno de los jueces que lo condenó. Hoy es diputado opositor. «Ha muerto cumpliendo la pena», destacó. «Fue una monstruosidad lo que hizo», dijo el cantante y compositor Víctor Heredia. Nora Cortiñas, dirigente de las Madres de Plaza de Mayo, lamentó que se lleve tantos secretos de la represión a la tumba. El Gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner también fijó posiciones a través del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda. «Nunca vamos a celebrar la muerte de nadie».

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