Valls cifra en más de 2.000 las personas vinculadas a la yihad en Francia

La Asamblea Nacional francesa ha iniciado este viernes el debate sobre la revisión constitucional anunciada por el presidente François Hollande tras los sangrientos atentados del pasado mes de noviembre en París para reforzar los poderes del Estado en la lucha contra el terrorismo.

Sin embargo, el camino hacia Versalles, donde debe votarse la reforma por una mayoría de tres quintos del Parlamento, está plagado de escollos. La inclusión en la Carta Magna de la retirada de la nacionalidad a los condenados por terrorismo divide a izquierda y a derecha y coloca al Gobierno en una situación peligrosa. Tanto, que el proyecto podría acabar fracasando.

Además de los diputados rebeldes del Partido Socialista, los ecologistas y los comunistas, quienes consideran que abre una brecha de consecuencias imprevisibles en los valores republicanos, también en la derecha se oyen voces críticas que juzgan inútil la medida.

Muchos juristas, expertos e intelectuales ponen asimismo en duda la eficacia de una disposición puramente simbólica que no disuadirá en nada a los candidatos a la yihad. Hasta la ministra de Justicia, Christiane Taubira, decidió abandonar el Gabinete la semana pasada por su profundo desacuerdo con la medida.

Con este adverso telón de fondo, el primer ministro francés, Manuel Valls, ha acudido al hemiciclo para defender que se trata de una “respuesta colectiva” frente a compatriotas que han optado por atentar gravemente contra la nación.

 "¿Cómo pueden seguir siendo franceses quienes rechazan nuestros valores, rompen con violencia el pacto republicano y se implican en un Ejército terrorista para matar a sus propios compatriotas?", se ha preguntado.

Valls ha advertido de que la amenaza terrorista es “duradera” y que, a pesar de los reveses sufridos en sus santuarios, el autodenominado Estado Islámico y Al Qaeda continúan extendiendo su influencia.

Además, ha informado de que Francia ha superado el umbral de los 2.000 individuos implicados en las redes yihadistas de Siria e Irak y que la mitad de ellos han viajado a la zona desde Francia. Casi 600 están todavía allí, lo que supone un 57% más que en enero del 2015.

SIN REFERENCIA AL DOBLE PASAPORTE

Para lograr el apoyo de su propia mayoría parlamentaria, el Gobierno enmendó el proyecto inicial que preveía la pérdida de nacionalidad para los poseedores de doble pasaporte (formulación que estigmatizaba a la población de origen magrebí y provocó un motín en la izquierda) optando por no hacer referencia a la situación de doble nacionalidad. 

El nuevo texto, según ha explicado Valls, garantiza la igualdad republicana y no hará ninguna distinción basada “en el nacimiento, el modo de adquisición de la nacionalidad o la posesión de una o varias nacionalidades”.

Aún así, no está claro que disipe las dudas de los parlamentarios más reacios porque abre otro agujero jurídico: el riesgo de crear apátridas, algo que prohíben los tratados internacionales suscritos por Francia. La diputada ecologista Cécil Duflot ha hecho una dura crítica del proyecto recordando que el último régimen que había usado masivamente la retirada de nacionalidad fue el de Vichy.

ESTADO DE EMERGENCIA

La pérdida de nacionalidad para los terroristas, una reclamación tradicional del expresidente Nicolas Sarkozy que figura igualmente entre las recetas represivas del Frente Nacional, no es lo único que el presidente Hollande quiere incluir en la Constitución.

El estado de emergencia decretado tras el 13-N, que permite registros administrativos sin orden judicial o arrestos domiciliarios también está llamado a entrar en la Constitución. Este régimen excepcional está en vigor hasta el próximo 26 de febrero pero el Gobierno ya ha aprobado una ley que ahora deberá pasar por el Parlamento para prolongarlo tres meses más.

"He oído decir que el estado de emergencia ya no se justifica, que ya no hay un peligro inminente de atentado grave al orden público. No es el análisis del Gobierno", ha dicho Valls en el hemiciclo dirigiéndose a los diputados más críticos.

“Inscribir el estado de emergencia en la Carta Magna es subordinar su aplicación al derecho. Es la definición misma del Estado de derecho”, ha continuado tras subrayar que, gracias a un registro administrativo llevado a cabo en el marco del estado de emergencia, pudo abortarse un intento de atentado terrorista el pasado diciembre.