El Tribunal Constitucional de Portugal anula los recortes de las pagas a funcionarios y pensionistas

ElTribunal Constitucional dePortugal ha declarado ilegal los recortes en las pagas extra a funcionarios y pensionistas y el nuevo impuesto sobre el seguro de salud y desempleo, lo que deja al Gobierno sin unas medidas de ahorro que equivalían a más de 1.000 millones de euros. El Gobierno conservador anunció tras la sentencia que un Consejo de Ministros extraordinario convocado este sábado evaluará la decisión del Constitucional.

La decisión, que sigue a otra similar adoptada también en el 2012 con los presupuestos de ese año y tiene efectos desde el 1 de enero pasado, obligará al Gobierno conservador dePedro Passos Coelhoa buscar otras formas de cumplir las metas del déficit público, que podría ahora subir cerca de un punto porcentual. El alto tribunal luso considera inconstitucionales y discriminatorias cuatro medidas de los presupuestos referidas a la suspensión de una de las dos pagas extras anuales a funcionarios y pensionistas y el recorte de subsidios de desempleo (6%) y enfermedad (5%), aplicados para cuadrar las cuentas del Estado.

Los presupuestos más duros

Los jueces delTribunal desestiman, en cambio, que sean inconstitucionales otra media docena de los recortes incluidos en los presupuestos del 2013, considerados los más duros de la historia de Portugal. La lectura de la sentencia de los magistrados fue televisada en directo por varias cadenas lusas en medio de una gran expectación nacional por su dictamen, que pone en nuevos apuros al Gobierno conservador.

El primer ministro se ha visto ya afectado esta semana por la dimisión de su ministro adjunto,Miguel Relvas, acusado de obtener de forma fraudulenta su título universitario, y por un superado voto de censura de toda la oposición. En total, los nueve artículos de los presupuestos que fiscalizaron los magistrados suponían mas de 4.000 millones de euros y representaban más del 3% de la economía lusa, que en el 2012 cerró con un déficit del 6,4% del PIB, por encima de lo exigido por la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Tres meses de análisis

Los 13 jueces delConstitucionalestudiaron durante tres meses los presupuestos del 2013, aprobados a finales del pasado año por la mayoría absoluta de la coalición conservadora y sancionados, con objeciones, por el presidente Aníbal Cavaco Silva. Aunque permitió la entrada en vigor de los presupuestos, el jefe de Estado, del mismo Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha) de Passos Coelho, optó por enviarlos al Tribunal para que se pronunciara sobre tres de sus medidas.

Medidas aceptadas

Los recortes que el Constitucional considera ajustados a derecho, incluyen el impuesto extraordinario y los nuevos tramos recaudatorios aplicados este año a los salarios y pensiones, que elevaron una media del treinta por ciento la presión fiscal sobre los portugueses.

Los presupuestos del 2013 generaron una acumulación de peticiones de inconstitucionalidad en su mayor parte planteadas por tres partidos, el Socialista (PS, principal de la oposición), el Comunista y el Bloque de Izquierda, así como el Defensor del Pueblo luso.

Magistrados más duros

El fallo de es el segundo que descalifica unos presupuestos elaborados por el Ejecutivo de Passos Coelho, que llegó al poder hace 22 meses, con las elecciones anticipadas que siguieron a la petición del rescate financiero. En julio del pasado año, los magistrados consideraron también discriminatoria la suspensión de las pagas extras a funcionarios y pensionistas y no al sector privado, pero no impidieron que la medida se aplicara ese año por la situación financiera del país. En cambio esta vez han sido más duros con el Ejecutivo y han decidido que las medidas presupuestarias ilegales se anulen desde el 1 de enero, lo que obligará a devolver dinero a los afectados, sobre todo por los recortes de subsidios de empleo y enfermedad.

El dictamen del año pasado obligó aPassos Coelho a extender los recortes salariales, a través de impuestos, a la empresa privada para poder cumplir las metas fijadas por la UE y el FMI, que vigilan de cerca el cumplimiento del rescate financiero.

Sentencia

Partidos políticos y mercados esperaban expectantes la sentencia de este viernes, toda vez que suponía una prueba de fuego para la estabilidad del Gobierno. Cavaco Silva, sin embargo, pronosticó este viernes que la sentencia no afectaría a la credibilidad del Ejecutivo, al que considera "legitimado" para seguir gobernando. En este sentido, ha recordado que esta misma semana la Administración superó una moción de censura en la Asamblea de la República.

Extrema debilidad

La decisión del máximo órgano judicial portugués es un gran golpe al Gobierno, que atraviesa una situación de extrema debilidad y falta de apoyo popular. Las presiones de la troika comunitaria para cumplir el déficit chocan de lleno con los intereses de una población cada vez más lastrada por los recortes. La decisión del Constitucional pone en aprietos al Ejecutivo, que tendrá que buscar maneras para compensar los más de 1.000 millones que suponen las pagas extras secuestradas.

Primavera complicada

El líder del Partido Socialista portugués, António José Seguro, denunció al Gobierno esta semana de estar empobreciendo al país basándose en unas previsiones económicas erróneas.