Suspendida temporalmente la destitución del alcalde de Bogotá

Una inesperada resolución administrativa ha dado un vuelco a la situación del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, al suspender provisionalmente el fallo de su destitución e inhabilitación que había dictado la Fiscalía por una supuesta mala gestión de la recogida de basuras en 2012.

La decisión del magistrado José María Armenta, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se hizo pública un día después de que la Procuraduría ratificara la sentencia del pasado 9 de diciembre en contra del alcalde, en una jornada de absoluta confusión jurídica.

Un ciudadano identificado como José Gotardo Pérez Soto fue el artífice del recurso que presentó el pasado 12 de diciembre ante el tribunal, al alegar que con la sanción administrativa se habían violado los derechos fundamentales de Petro.

"Decrétese la suspensión provisional de los efectos jurídicos del fallo disciplinario de destitución e inhabilitación para ejercicio de cargos públicos a Gustavo Petro en su condición de Alcalde Mayor de Bogotá", expone la resolución, una medida que se mantendrá "hasta que se adopte la decisión de fondo que ponga fin a este proceso".

En su dictamen, Armenta pide, además, que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, "se abstenga de darle cumplimiento a la decisión administrativa disciplinaria sancionatoria" de la Fiscalía, pues es el mandatario el que tiene que dar el veredicto final sobre la medida.

La noticia sorprendió a Petro cuando se encontraba reunido con un grupo de jóvenes cantantes de hip-hop en el marco de la estrategia de movilización popular contra la decisión de la Procuraduría, lo que, según reconoció, le causó "alegría".

A su juicio, esta resolución "muestra que si la justicia y las multitudes van de la mano se puede detener la tiranía, la arbitrariedad, se puede construir realmente una Colombia democrática y pacífica que son los objetivos que nos hemos propuesto".

"Justicia y multitudes le han ganado la batalla a la arbitrariedad", dijo en referencia a las manifestaciones que él mismo ha venido convocando en la céntrica Plaza de Bolívar desde diciembre pasado.

Por su parte, la Procuraduría indicó que estudiará el fallo y que presentará una apelación ante la Sección Segunda del mismo Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

El titular de la Procuraduría, Alejandro Ordóñez, que es el encargado de vigilar y sancionar a los funcionarios públicos, defiende que el castigo y la sanción contra Petro están más que justificados y se ajustan a la Constitución.