La crisis financiera está a punto de cobrarse una nueva víctima entre los líderes europeos. El primer ministro rumano, el socialista Victor Ponta, ha aprovechado el descontento de la población, víctima de la draconiana política de austeridad del presidente del país, Traian Basescu, para iniciar el proceso de  destitución del mandatario, lo que podría terminar en la consolidación de un régimen autoritario en esa antigua república del bloque soviético.

El presidente Basescu en el Paralamento de Bucarest mientras escucha los argumentos de los socialistas para su destitución. EFE / BOGDAN BARAGHIN

Los partidarios de Ponta, que forman una coalición mayoritaria en el Parlamento, han aprobado este jueves la ley que abre el camino a la suspensión de funciones del presidente de la República. Si lo consigue, Ponta podrá someter el futuro de su rival -la destitución- a referendo popular. La Unión Social Liberal (USL), que tiene mayoría parlamentaria, acusa a Basescu de haber puesto en peligro las instituciones del Estado al otorgarse los poderes reservados al Gobierno y de apoyar medidas de austeridad que «empobrecen a la población».

La maniobra del Ejecutivo ha levantado críticas por parte de  la Unión Europea, así como de los partidarios del presidente actual que han advertido que Rumanía se acerca a «una dictadura». La vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de Justicia, Viviane Reding, calificó de «preocupante» la crisis política de Bucarest. Mientras, el Partido Popular Europeo, al que pertenece Basescu, ha denunciado en la Eurocámara el proceso de destitución que define como «cargado de irregularidades inquietantes».

«El primer ministro y sus aliados no tienen derecho moral a destruir en pocos días los principios democráticos de Rumanía para establecer un régimen totalitario y dictatorial», ha dicho el eurodiptado rumano, Laszlo Tekesh.

Acoso político

El acoso político a Basescu se produce un día después de la inesperada destitución de los presidentes del Senado, de la Cámara de diputados y del Defensor del Pueblo, a través de una votación que ha sido cuestionada por los juristas. El Gobierno ha aprobado además un decreto de emergencia que limita las prerrogativas del Tribunal Constitucional, para impedir que se pronuncie sobre las decisiones del Parlamento.

La política de ocaso y derribo de Ponta ha provocado que varias reputadas oenegés con sede en Rumanía hayan solicitado  a la Comisión Europea que actúe frente a esta «deriva antidemocrática». Los defensores de derechos humanos han advertido de que el estado de derecho es víctima «de ataques sin precedentes» de parte del Gobierno.

La crisis política en Rumanía, que coincide con la etapa final de unas negociaciones vitales para el país con el Fondo Monetario Internacional (FMI), amenaza con bloquear los esfuerzos por inyectar ayudas financieras a la economía del país más pobre de la UE.