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Cuando un comando estadounidense mató a Osama bin Laden en Pakistán el pasado 1 de mayo, algunos expertos antiterroristas en Washington llegaron a dar por concluida la «guerra contra el terror» lanzada tras el 11-S. En realidad, ocurrió todo lo contrario. Tanto el Congreso como la Administración se han dedicado desde entonces a prorrogar o ampliar los poderes extraordinarios otorgados a los militares y los organismos de seguridad para combatir el terrorismo a escala global, a pesar de la oposición de las organizaciones de derechos humanos y parte de la legislatura.

John McCain.

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Información publicada en la página 15 de la sección de Mundo de la edición impresa del día 03 de diciembre de 2011 VER ARCHIVO (.PDF)

El último paso en esta dirección lo dio el jueves el Senado, donde una abrumadora mayoría de legisladores de ambos partidos aprobó un proyecto de ley para legalizar la detención sin cargos e indefinidamente de sospechosos de terrorismo. Todos quedarían bajo custodia del Ejército y se les negaría el derecho a ser juzgados, como sucede en algunas dictaduras o como hace Israel con los palestinos bajo la eufemística «detención administrativa».

CONTROVERSIA / La iniciativa, promovida por los senadores republicanos Carl Levin y John McCain, ha despertado más controversia de lo previsto porque también afectaría a los ciudadanos estadounidenses, arrestados dentro o fuera de las fronteras del país. «Al ampliar la autoridad del Ejército para realizar arrestos y hacerla permanente, aumentará el riesgo de que los ciudadanos estadounidenses y otros sean encarcelados por los militares sin cargos ni juicio previo», dijo ayer la American Civil Liberties Union.

En esta ocasión, el presidente Barack Obama ha amenazado con vetar la ley si supera el trámite de la Cámara de Representantes al considerar que se entromete en sus poderes ejecutivos. También ha despertado el rechazo del FBI, que podría ver disminuidas algunas de sus competencias, y del secretario de Defensa, Leon Panetta. De ser aprobada, la ley no hará más que normalizar legalmente el modo en que EEUU lleva combatiendo contra sus enemigos desde hace una década. Porque la gran mayoría de detenidos que se pudren en la prisión militar de Guantánamo tampoco han sido juzgados o acusados formalmente de nada. «Cuando digan, 'quiero ver a mi abogado', les diremos: "Cállate, no hay abogado para ti. Eres un combatiente enemigo y solo vamos a hablar de por qué te uniste a Al Qaeda», dijo el senador republicano, Lindsey Graham, explicando gráficamente las implicaciones de la ley.

Obama prometió antes de llegar a la presidencia que cerraría Guantánamo pero ha acabado tirando la toalla, como demostró en marzo al firmar una orden ejecutiva que formaliza indefinidamente el encarcelamiento de sospechosos en la base cubana. Solo unos meses después, muerto ya Bin Laden, accedió a prorrogar por cuatro años más la Ley Patriota de George Bush que concede a las fuerzas de seguridad poderes extraordinarios para espiar a los sospechosos de terrorismo en EEUU.