La anomalía británica

En el Reino Unido la palabra federalismo era pecado. Concitaba todos los demonios que los británicos asocian con Bruselas. Sin embargo, desde el pasado viernes ha entrado en el debate político de un país plurinacional, pero con un gran desequilibrio de poder en favor de Londres.

Del resultado del referéndum escocés saldrá, como anunció el primer ministro David Cameron, con el acuerdo de laboristas y liberal-demócratas, una reforma constitucional. Es la asignatura pendiente de un país sin Constitución escrita donde las funciones del Gobierno, los deberes y derechos de los ciudadanos, y la organización territorial se amparan en la tradición, la costumbre y en leyes no fundamentales.

La eliminación de esta excentricidad no fue tenida en consideración hasta que el thatcherismo recortó gastos sociales y competencias a la administración local. Entonces apareció en toda su desnudez el secretismo, la falta de transparencia y de responsabilidad, y la inexistencia de mecanismos de control que el sistema permitía.

LA MONARQUÍA NO SE TOCA

La reforma constitucional fue uno de los puntos del programa electoral laborista en 1997. Contemplaba el fin del principio hereditario en la Cámara de los Lores, la reforma de la financiación de los partidos, la devolución de poderes a Escocia y Gales, la elección de alcaldes para Londres y las grandes ciudades, más independencia y más transparencia para los gobiernos locales, y libertad de información y derechos humanos garantizados. El proyecto era exhaustivo y para no despertar alarma aseguraba: «No tenemos planes para reemplazar a la monarquía».

Tony Blair, ganador de aquellas elecciones, sacó adelante el proyecto de dotar al país del 'corpus' constitucional del que carecía. Podía hacerlo. Tenía una mayoría absoluta y enfrente, una oposición noqueada.

Tras dedicarle denodados esfuerzos, Blair logró el histórico acuerdo del Viernes Santo para la paz en Irlanda del Norte. Concedió autonomía a Escocia y Gales (inferior en ambos casos a la catalana). También quiso profundizar en la descentralización para llevarla a las regiones inglesas. Hubo un ensayo en el noreste de Inglaterra, pero sus habitantes lo rechazaron mayoritariamente en un referéndum por considerar que añadía una nueva estructura administrativa. Es decir, más gasto.

El intento de reforma constitucional de Blair es quizá la mejor parte de su legado tras 10 años en Downing Street. Sin embargo, dejaba grandes cuestiones sin resolver. Por ejemplo la 'West Lothian Question', la pregunta planteada en el lejano 1977 que ahora se ha hecho célebre. ¿Por qué los diputados escoceses, galeses o norirlandeses en Westminster pueden votar cuestiones relativas a Inglaterra mientras que no existe reciprocidad?

Otra cuestión que no fue ni siquiera planteada fue la 'fórmula Barnett' por la que Londres garantiza las partidas de gasto a las tres autonomías existentes. Creada con carácter provisional a raíz de los referendos de 1979, no contempla la solidaridad con las regiones más pobres. Según la fórmula, cada escocés recibe unos 1.750 euros más al año que los ingleses generando un agravio comparativo sentido especialmente por los ingleses vecinos de Escocia.

CALENDARIO COMPLICADO

El resultado del referéndum de Escocia ofrece la oportunidad de acometer la reforma. Por primera vez se pide de y para la misma Inglaterra. Incluso en las filas conservadores el federalismo ya no da miedo. La víspera del referéndum, el influyente diputado 'tory' John Redwood pedía desde las páginas del 'Financial Times' un Parlamento inglés con poderes parecidos al escocés aceptando plenamente la idea de un Estado federal.

Cameron quiere que el proceso sea rápido, pero será largo, tumultuoso y de resultado incierto. El calendario no es el mejor con elecciones generales dentro de pocos meses, la promesa de un referéndum sobre la UE y el populista UKIP en ascenso. La resurrección del exprimer ministro Gordon Brown es una garantía, pero ya ha dicho que las prisas son malas consejeras.