Recorte de derechos a los europeos

La propuesta del presidente de la Unión Europea (UE), el conservador Donald Tusk, para contentar a Londres ante su amenaza de abandonar la UE, recorta los derechos fundamentales de los ciudadanos y trabajadores europeos. Para satisfacer las exigencias del primer ministro británico, el conservador David Cameron, apoya que se prive durante cuatro años a los trabajadores inmigrantes procedentes de otros países comunitarios de la protección social que les corresponde como asalariados y como cotizantes a la seguridad social.

La medida no sólo perjudica a polacos, rumanos, italianos y franceses, que son los colectivos más numerosos, sino también a los españoles, cuyo número de inscritos como trabajadores en Gran Bretaña se ha incrementado en 54.000 en un año, según los datos británicos.

La propuesta de Tusk también blinda al sector financiero británico frente a la posibilidad de normas de control europeas más estrictas y da un poder de injerencia y de casi veto a Londres en las decisiones de la eurozona.

A pesar de que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, asegura que la propuesta es "equitativa", el mecanismo para recortar la protección social a los inmigrantes destruye un pilar esencial del  Tratado de la UE: "la libre circulación de los trabajadores" y "la abolición de cualquier discriminación por razón de la nacionalidad entre los trabajadores de los estados miembros con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo" (artículo 45).

El tratado indica expresamente que sólo puede limitarse ese derecho por "razones de orden público, seguridad y salud públicas". Por ello, la justificación esgrimida de la supuesta grave presión sobre el sistema de seguridad social británico no es compatible con el tratado. Es más, el Tratado de la UE, en su artículo 46, subraya que debe eliminarse cualquier legislación "que imponga a los trabajadores de los demás estados de miembros condiciones distintas a las de los trabajadores nacionales".

POTESTAD A LONDRES

En teoría, el mecanismo propuesto requiere para su aplicación una propuesta de la Comisión Europea para cada caso específico y la posterior autorización por parte de los países en el Consejo de Ministros de la UE. Sin embargo, en los documentos presentados por Tusk ya se concede de antemano y de forma automática a Londres la capacidad para recortar la protección social a los trabajadores extranjeros. La Comisión Europea establece en una declaración anexa que en Gran Bretaña se da "la situación de excepción del mecanismo de salvaguardia", por lo que "estaría justificado que Gran Bretaña activara el mecanismo con la plena expectativa de obtener la autorización" requerida.

El número de trabajadores en Gran Bretaña procedentes de otros países de la UE se limitaba a 2,02 millones en el 2015 y representaban sólo el 6,4% de los empleados del país, según la Oficina Nacional de Estadísticas. Un total de 838.000 proceden de Europa Occidental, 201.000 de Rumanía y Bulgaria y otros 975.000 del resto de los miembros del Este.

Las dificultades en la seguridad social y "la excesiva presión" en los servicios públicos" que atribuye a Gran Bretaña la propuesta de Tusk no son fruto del excesivo número de trabajadores inmigrantes, que cotizan a la seguridad social y pagan sus impuestos. Esas dificultades son consecuencia de las drásticas reducciones de impuestos a las grandes empresas y a las personas más ricas aprobadas por los partidos Conservador y Laborista a lo largo de los últimos 30 años, así como de los sucesivos recortes en el gasto social y en los servicios públicos, que Cameron ha acelerado.

El tipo máximo del impuesto sobre la renta en Gran Bretaña ha pasado del 60% en 1981 al 45%, mientras que el gravamen del impuesto de sociedades ha bajado del 52% en 1982 al 20%.

Además, los trucos creados por las firmas auditoras permiten a las 700 mayores compañías y a la elite británica eludir cada año el pago de 32.000 millones de euros en impuestos, según Tax Research. La Oficina Nacional de Auditoria británica también reveló que el 20% de las grandes empresas no pagó ningún impuesto de sociedades en el 2013  y que más de la mitad pagó menos de 13 millones.

Cameron, al mismo tiempo, ha recortado desde el 2010 el gasto en protección social en un 35,8% (al margen de educación y de la privatización de la sanidad), lo que supone más de 27.000 millones hasta el 2015. Ahora, con el beneplácito de la Comisión Europea, podrá recortar aún más las prestaciones a los trabajadores inmigrantes.