Putin rubrica la ley que establece la prioridad de la legislación rusa sobre las leyes internacionales de derechos humanos

Decenas de miles de rusos acuden al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo cuando

Vladimir Putin.

Vladimir Putin. / periodico

MARC MARGINEDAS / MOSCÚ

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Fue una de las decisiones judiciales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que más controversia levantó en su día en Rusia. En mayo del 2008 y por unanimidad, el Tribunal de Estrasburgo condenó al Gobierno ruso a pagar un total de 429.000 euros a los demandantes en cinco casos de desapariciones forzadas en Chechenia que afectaron a ocho hombres y dos mujeres. Los jueces concluyeron que las autoridades rusas habían violado “el derecho a la vida” de los desaparecidos, al tiempo que estipularon que la parte demandante no había tenido un “acceso efectivo” a la justicia rusa.

            Sentencias como esta emitidas por el TEDH, -institución judicial que en los últimos años se había convertido en el último recurso para decenas de miles de ciudadanos que no obtenían satisfacción a sus demandas en los tribunales locales- peligrarán después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, estampara este martes su firma al pie de la ley, recientemente aprobada por el Parlamento, que establece la preeminencia de la legislación rusa sobre la supranacional. Según los términos del texto legal, Rusia podrá ignorar cualquier sentencia del TEDH -y de cualquier otra instancia judicial supranacional- si el Tribunal Constitucional ruso estipula que ésta contraviene los términos de la Carta Magna rusa. La iniciativa de frenar la aplicación de una resolución judicial internacional corresponderá a “los órganos federales del poder ejecutivo ruso”, encargados “de la defensa de los intereses de la Federación Rusa”.

            “Es un golpe muy duro al sistema de protección de los derechos humanos internacionales”, sentencia, en una conversación telefónica, Tatiana Lókshina, directora del programa para Rusia de la oenegé Human Rights Watch. “Esto va a socavar la protección” de los derechos básicos de los ciudadanos rusos, constata la investigadora, antes de proclamar que la propia ley contiene una contradicción de base: “la misma Constitución rusa reconoce la supremacía de la ley internacional” sobre la nacional.

            Desde Estrasburgo y también a través del teléfono, la abogada rusa Karinna Moskalenko, la primera letrada de su país en obtener un veredicto favorable del TEDH, afirma que no quiere dar pábulo a “rumores”, y sostiene la tesis de que la ley recién aprobada no eximirá a Rusia de sus obligaciones respecto al TEDH. Su colega, Veniamín Geynbikhner, apunta que Moscú, firmante de la Convención de Viena sobre la Ley de los Tratados, que impide a los gobiernos nacionales apelar a la legislación nacional para no aplicar las resoluciones de los organismos internacionales de derechos del hombre, debe seguir haciendo honor a sus obligaciones internacionales.

EL 'CASO YUKOS'

Lo cierto es que el órgano legislativo ruso dio luz verde a la ley –con tan solo tres votos en contra- con un caso en mente: el caso Yukos. El TEDH había condenado al Gobierno ruso a pagar 1,8 millones de euros a los antiguos accionistas de la petrolera encabezada por el exmagnate Mijaíl Khodorkovski, convertido hoy en oponente político al presidente Putin. Moscú no quiere liquidar la indemnización porque equivaldría a una “admisión de culpa” que no está dispuesta a realizar.

Pero las consecuencias de la nueva ley firmada por Putin serán sentidas por muchos más damnificados que los expropietarios de la compañía. “Hay muchísimos procedimientos pendientes” de resolución por parte del TEDH, apunta Lókshina, que a partir de ahora podrían ser ignorados por Moscú. Entre ellos, el caso abierto en Estrasburgo contra la ley que califica de “agente extranjero” a cualquier organización u oenegé rusa que reciba financiación foránea. Si el TEDH falla en favor de los demandantes, Rusia podrá desdeñar el fallo.

En los últimos dos años, 45.000 ciudadanos rusos habían apelado a la corte de Estrasburgo. Los medios próximos al Kremlin critican a esta instancia judicial, y la califican de "parcial" y "no objetiva".