Promesa de papeles en Rabat

«No podemos fracasar. Hemos dicho que regularizaremos a 20.000 inmigrantes de los 40.000 ilegales que se encuentran en el país, y así lo haremos», manifestaron a EL PERIÓDICO fuentes de la Administración marroquí en Rabat. Marruecos se convierte así en el primer país de África que inicia un inédito proceso de regularización masiva. Un logro indiscutible de las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, aunque queda mucho camino por recorrer. Hicham Rachidi, secretario general del Grupo Antirracista de Acompañamiento y Defensa de Extranjeros y Migrantes (GADEM), aseguró a este diario que «la regularización es solo un paso en el difícil camino de integración y de inclusión en el tejido económico y social de los inmigrantes». 

Por orden del rey Mohamed VI, el reino alauí se comprometió a finales del pasado año a legalizar, durante el 2014, a miles de inmigrantes de Asia, Europa, el Magreb y, sobre todo, el África negra. «Este programa está destinado especialmente a los subsaharianos», explicaron las mismas fuentes de la Administración marroquí, que no ocultan las dificultades del proceso. Entre otras razones, porque la mayoría de los subsaharianos no podrán cumplir los requisitos que se exigen: «Tienen que demostrar haber residido en Marruecos durante cinco años o haber contraído matrimonio con un nacional marroquí y justificar una vida en común de un mínimo de dos años». Misión que se antoja imposible para, al menos, los 3.000 simpapeles del África subsahariana que viven en la clandestinidad en los bosques de las ciudades marroquís de Castillejos, a las puertas de Ceuta, o de Nador, a los pies de Melilla, que difícilmente podrán aportar un solo documento.

Lo tendrán más fácil los demandantes de asilo político (casi 900) reconocidos por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Rabat, a quienes se concederán los papeles de forma automática. Y también los extranjeros que padecen alguna enfermedad grave y se hallan en territorio marroquí desde antes de diciembre del 2013. Para ellos también habrá documentos. «No pierdo nada intentándolo y ya he presentado mi expediente en la wilaya (ayuntamiento) de Tánger». Son las palabras de Desiré Traoré, un joven de Camerún que, tras ahorrar más de 4.000 euros, cruzó el África subsahariana hasta llegar a Marruecos. A un paso de entrar en España, la mafia le engañó. «Iba a entrar por la frontera de Ceuta, escondido en el maletero de un coche, pero me llevaron a un monte y cuatro marroquís me sacaron cuchillos. Lo perdí todo», relató a este diario aún afligido. Traoré forma parte del contingente de subsaharianos vulnerables que difícilmente cumplirán los criterios para ser legalizados y resisten en la clandestinidad, en campamentos situados cerca de las ciudades autónomas españolas.

El destino de Traoré y el resto de los simpapeles es el mismo: aguardar, al abrigo de los árboles, hasta encontrar la oportunidad de pegar el salto, con la única ayuda de la parca solidaridad de la población autóctona. En Marruecos, al inmigrante se le asocia con la delincuencia, por lo que se reducen aún más sus posibilidades de integración. Y mientras esperan, los subsaharianos se sienten obligados a huir de las redadas de la policía: «Los detienen y golpean para luego conducirlos en autobús a ciudades como Rabat y Casablanca, donde son abandonados sin dinero ni instrucciones, a veces heridos y muy enfermos», denunció la organización Human Rights Watch (HRW).

Petición a la UE

De momento, HRW ha pedido a la Unión Europea que se asegure de «no dar apoyo a ningún programa mientras las fuerzas marroquís sigan violando los derechos de los emigrantes». Sin embargo, el papel de Rabat es, precisamente, «hacer el trabajo sucio» en la lucha contra la inmigración clandestina, como admiten fuentes policiales españolas. El reino alauí representa «el tapón de la inmigración subsahariana» para España y toda Europa, y su implicación en el control de los flujos es «clave».

Y eso Rabat lo sabe y no le duelen prendas para utilizar el fenómeno como instrumento de presión a favor de sus intereses. Sin ir más lejos, en octubre del 2012, a España se le abrió un inesperado frente migratorio en la provincia de Cádiz. Desde las costas marroquís salían a diario lanchas infantiles con una media de nueve subsaharianos, lo que levantó sospechas sobre la laxa gestión en el control de simpapeles. La avalancha coincidió con la negociación entre Rabat y la UE del nuevo acuerdo de pesca, que finalmente se ratificó. Y en esta lógica perniciosa se establecen las relaciones entre España y Marruecos, con efectos muy negativos sobre unos inmigrantes que seguirán vagando en torno a una eterna frontera.