Pro Derechos Humanos culpa a la UE de convertir el Mediterráneo en una fosa común por su política fronteriza

Inmigrantes 'sin papeles' en la cubierta de un buque, en el puerto siciliano de Messina.

Inmigrantes 'sin papeles' en la cubierta de un buque, en el puerto siciliano de Messina. / periodico

J.C. / SEVILLA

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Si el Mar Mediterráneo se convirtió en una "enorme fosa común" es porque las políticas desarrolladas por la UE y por los estados miembros intentan cerrar herméticamente las fronteras de un espacio considerado por los inmigrantes como su única esperanza de supervivencia. De ahí que desde la Asociación Pro derechos Humanos, que ha presentado hoy el informe 'Derechos Humanos en la Frontera Sur 2015', reclamen un cambio urgente en las políticas fronterizas para frenar los datos que ofrecen oenegès como United for Intercultural Action, que cifra en 30.000 los muertos en el Mediterráneo desde 1993 hasta 2014.

Las palabras de los responsables de la asociación se tornan especialmente duras estos días, tras conocerse el naufragio de un pesquero en la costa italiana cargado con entre 400 y 950 inmigrantes a bordo, de los que solo se han rescatado 28 supervivientes. El drama se ha acentuado en los últimos años a causa de las guerras y otros conflictos bélicos que se están registrando en el continente africano. La desolación no deja lugar a la tregua, y como recoge el documento 'Frontera Sur 2014',  atrás quedaron los años en los que el flujo de pateras se producía solo con buen tiempo, en el verano.

PRESIÓN INMIGRATORIA

Según el Frontex, el pasado año se registraron 278.000 entradas irregulares en las fronteras europeas, dos y media veces más que en 2013 (107.000) y dos veces más de las que se produjeron en 2011 (141.000) en el contexto de las primaveras árabes. La gran mayoría lo hicieron por el Mediterráneo: 170.000 por Italia y 50.000 por Grecia.

La asociación habla de "una verdadera catástrofe humanitaria" en atención a las condiciones en que se han producido los intentos de llegar a Europa, en frágiles embarcaciones o barcos, casi siempre impresionantemente sobrecargadas e incluso sin tripulantes expertos. Por eso no debería sorprender que, según la Organización Internacional de Migraciones, de las 4.868 personas que perdieron la vida intentando cruzar diversas fronteras en el mundo a lo largo del año 2014, el 66 por ciento lo hicieran en el Mediterráneo (3.224 personas).

MUERTOS Y DESAPARECIDOS

Los datos son complicados de recopilar ante la dificultad para controlar todos los intentos, pero las estimaciones de la APDH referentes a España hablan de 21.105 personas muertas o desaparecidas desde que en 1988 se detectaron las primeras pateras en Tarifa (Cádiz). Durante 2014 se produjo un “notable incremento” de flujos migratorios en la frontera España, con 11.146 inmigrantes interceptados en la zona del Estrecho, Baleares y Canarias. Una cifra que casi duplica los 7.550 contabilizados en 2013 y que no se producían desde hace siete años.

No obstante, España dejó de ser la principal puerta de entrada a Europa, debido al férreo control y sistemas de vigilancia de la costa y a los intensos controles que realiza Marruecos. Precisamente la relajación de esos controles, recuerda APDH, fue lo que provocó la oleada de pateras nunca vista en las costas de Cádiz a mediados del pasado mes de agosto, y la llegada de 1.219 inmigrantes a Tarifa.

GUERRAS

El origen de estos movimientos migratorios masivos radica en las diversas guerras y conflictos que asolan el continente africano, especialmente la guerra de Siria y Líbia. De ahí que los responsables de la asociación reprochen que se hayan dejado de lado conceptos como refugiado o asilo político y se aplique el de inmigración ilegal a personas que huyen de conflictos bélicos y persecuciones, como establece la misma Convención de Ginebra sobre Derechos Humanos. A su juicio, el blindaje de las fronteras deja a las mafias dedicadas al tráfico de personas como única vía de escape frente a esa situación.

Desde la APDH proponen que un cambio de giro urgente de estas políticas de cierre fronterizo, recuperando las políticas de asilo, y subrayan el contraste que supone la inversión en control fronterizo para vigilancia y seguridad, unos 290 millones de euros desde España para el quinquenio 2007-2013, frente a los apenas nueve millones que en el mismo periodo se usaron para el Fondo de Ayuda al Refugiado.