CRISIS EN CENTROAMÉRICA

Prisión provisional para Otto Pérez Molina, expresidente de Guatemala

El hasta ahora vicepresidente, Alejandro Maldonado, jura el cargo como nuevo mandatario y pide la renuncia de todos los ministros en su primer discurso ante el Congreso

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El juez Miguel Ángel Gálvez ha ordenado la prisión provisional del expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina, acusado de liderar una red de defraudación conocida como La Línea, y que ya ha sido sustituido temporalmente por el hasta ahora vicepresidente, Alejandro Maldonado.

"Esta es únicamente prisión provisional y no preventiva", aclaró Gálvez en la primera audiencia del caso, y ordenó el traslado a una cárcel en el Cuartel Militar Matamoros, en la capital, de Pérez Molina, quien este jueves dejó de ser presidente de Guatemala después de que el Congreso aceptara su dimisión.

El juez explicó que la medida de arresto provisional obedece al peligro de fuga, y pretende garantizar tanto la vida de Pérez Molina como que este viernes continúe la audiencia de primera declaración del imputado.

El abogado del exmandatario, César Calderón, trató de impedir la prisión provisional al interponer un recurso, por considerar que se violaba la presunción de inocencia, pero el juez lo rechazó. "La prisión provisional es para garantizar la seguridad de Pérez Molina", enfatizó el juez.

MINISTROS Y ALTOS CARGOS

Tras la renuncia de Pérez Molina, el hasta ahora vicepresidente Alejandro Maldonado juró el cargo como nuevo mandatario de Guatemala, y en su primer discurso pidió públicamente la renuncia a todos los ministros, secretarios y altos cargos del Gobierno. Maldonado, abogado de 79 años, asumió el cargo ante el Congreso, tal y como establece la Constitución en caso de ausencia "absoluta o temporal" del presidente.

La Fiscalía imputó este jueves a Pérez Molina los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera.

Pérez Molina está acusado tanto por la Fiscalía como por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo de la ONU, de dirigir una red de corrupción en el ente recaudador de impuestos, en complicidad con al menos 28 personas, incluida Roxana Baldetti, que renunció a la vicepresidencia en mayo pasado y cumple arresto preventivo por el caso.