Ofensiva judicial en Argentina

Prisión para Julio De Vido, la mano derecha de Cristina Kirchner

El ministro 'kirchnerista' detenido, Julio de Vido, con Cristina Fernández de Kirchner.

El ministro 'kirchnerista' detenido, Julio de Vido, con Cristina Fernández de Kirchner. / periodico

Abel Gilbert

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Lo esposaron en el juzgado. Nombró despectivamente al presidente Mauricio Macri y se negó a que le colocaran un casco. Solo accedió a utilizar un chaleco antibalas. Así salió de los tribunales rumbó a la prisión Julio De Vido, el hombre que manejó la obra pública durante los 12 años 'kirchneristas'. El ministro de Planificación perdió sus fueros en el Congreso, donde había sido electo como diputado, y su suerte político-judicial quedó sellada antes que se prueben las sospechas de haber sido responsable de una maquinaria de corrupción. "Ya no hay impunidad ni privilegios para nadie", celebró la carismática gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. "Esto termina en Cristina Kirchner", profetizó Joaquín Morales Solá, columnista del diario 'La Nación'.

De Vido, un dirigente del círculo más selecto de Néstor Kirchner, y luego de su esposa, no pudo escapar al linchamiento mediático y el de vecinos de su propio barrio que, al grito de "sí, se puede", la consigna que pasó de la campaña electoral de Barack Obama al macrismo, rodearon la casa del exministro para festejar su detención.

Sobre De Vido recae la acusación de haber defraudado al Estado por unos 13 millones de euros en el marco de los programas de financiamiento de una mina y una central hidroeléctrica en Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz. El juez a cargo de la causa, Luis Osvaldo Rodríguez, fue el centro de un escándalo años atrás cuando se conoció su faceta de coleccionista de símbolos nazis.

El exministro fue a parar a una cárcel bonaerense donde ya se alojan el exsecretario de Transportes, y José López, su mano derecha, a quien detuvieron en 2016 con un bolso que contenía nueve millones de dólares. El trío está entre rejas por orden del Claudio Bonadio, un juez que tiene además el pertinaz objetivo de llevar a prisión a la ex presidenta.

Detención escandalosa

Maximiliano Rusconi, el abogado de De Vido fue categórico: "En el Estado de derecho las penas se aplican después de una condena". Con su cliente, añadió, ocurre lo contrario. "Los periodistas, los funcionarios y los diputados no pueden aplaudir penas sin una condena.  Este es un escándalo nunca antes visto", dijo.

El 'kirchnerismo' se negó a participar del debate parlamentario en el que se consumó la pérdida del fuero de De Vido. Según Héctor Recalde, jefe de los diputados que responden a la expresidenta, existe una persecución de parte de "un grupo de jueces y fiscales que tienen una posición de parcialidad manifiesta" contra exfuncionarios de los Gobiernos 'kirchneristas', dirigentes sociales como Milagro Sala y la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien no responde al macrismo. "La declaración de un imputado es un elemento de defensa. Si lo detienen antes de indagarlo, están violando su derecho. Argentina es hoy una democracia de baja intensidad", aseguró Recalde.

Para Recalde, lo que ocurre con algunos exfuncionarios 'kirchneristas' contrasta con el modo en que se sobresee los asuntos relativos al presidente y su entorno por los Papeles de Panamá, las escuchas ilegales en la ciudad de Buenos Aires, cuando era alcalde, los conflictos de intereses entre el Estado y el emporio de su padre y las relaciones de su primo, el constructor Ángelo Calcaterra, con el grupo brasileño Odebrech, implicado en numerosos casos de corrupción en América Latina. El diputado mencionó también las irregularidades del blanqueo de dinero realizado por, Gianfranco, el "hermano pobre" del mandatario, por 30 millones de euros. "La igualdad ante la ley decae", aseguró.

Los nueve millones de votos obtenidos por el macrismo en las legislativas del domingo tuvieron en la prisión de De Vido su primera repercusión. Mientras los medios se ocupan exclusivamente de su caso, el Gobierno prepara una dura reforma laboral y un nuevo aumento de los precios de las tarifas de los servicios públicos.