Una huelga de la policía militar amenaza con un grave conflicto político en Argentina

Unahuelgaen defensa de mejoras salariales de integrantes la Prefectura (policía marítima), a la que se sumaron laGendarmería (policía fronteriza) ysuboficiales de la Marina, ha hecho despertar en Argentina fantasmas que se creían olvidados para siempre: los de una conspiración política con presencia de los uniformados.

El Gobierno intentaba a última hora del miércolesdesactivarla medida de fuerza, pero de momento los esfuerzos han sido infructuosos. Los policías ganan unos 400 euros y quieren un incremento superior al 100%. “La demanda terminará cuando tengamos un decreto otorgándonos el aumento salarial y la garantía de que no habrá represalias", ha dicho el portavoz de los huelguistas, que cuentan con la simpatía de un sector de la oposición, de los medios de comunicación duramente enfrentados con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y, también, del excoronel Aldo Rico, cabecilla de la rebelión militar que soportó en 1987 el presidente Raúl Alfonsín, y que abrió el camino de la impunidad de los represores de la dictadura (1976-83).

La ministra de Seguridad, Nilda Garré, hadescabezadoa la cúpula de ambas fuerzas, relevándolos del mando. "No somos golpistas”, ha subrayado un agente en huelga, frente a las cámaras de televisión. Antes, otro de los huelguistas había lanzado un ultimátum al Gobierno, exigiéndole soluciones “en dos horas”.

Humillación

El conflicto está lejos de ser solamente una cuestión sectorial. "Yo los entiendo profundamente: llevan una década de maltratos, de falta de respeto, de humillación de un Gobierno Nacional que ha improvisado en políticas de seguridad y por eso han fracasado", ha dicho el alcalde de Buenos Aires, el magnate Mauricio Macri, aspirante a la presidencia en 2015 por la derecha. El Congreso instó a los miembros de las fuerzas de seguridad a "adecuar sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las autoridades legalmente constituidas". El flamante secretario general de Central de Trabajadores cercana al kirchnerismo, Antonió Caló, consideró que "no es correcto lo que están haciendo" los oficiales de Gendarmería y Prefectura. "Ellos tienen otras instancias para reclamar, hay que usar el diálogo para no volver a épocas anteriores en Argentina".

El jefe de gabinete del Gobierno, Juan Manuel Abal Medina, ha anunciado una investigación para averiguar si los altos mandos, que retiraron pagas extras de los agentes, con lo cual sus salarios cayeron entre un 30% o un 60%, habían tratado de "manipular" a los agentes de base con tal de preservar sus propios privilegios. La crisis explotó por problemas que vienen de la dictadura. En 1983, Alfonsín consideró que era inconcebible que el salario de los prefectos de alto rango se equipare al de un juez. Su sucesor, Carlos Menem, siguió podándoles atribuciones. Los oficiales de la policía marítima se aliaron entonces con estudios de abogados especialistas en sacarle dinero al Estado. Muchos consiguieron mantener sus privilegios. Hay uniformados que perciben entre 8.000 y 10.000 euros, gracias a esos ardides judiciales. Un fallo del Tribunal Supremo puso fin a esas maniobras, pero su aplicación global terminó por perjudicar a otros sectores de la fuerza que nunca recibieron esas sumas y que vieron caer su capacidad adquisitiva.