Fue la primera muestra de fuerza de los sindicatos, el primer gran examen para el Gobierno del conservador Andonis Samarás desde su elección el pasado junio. Y demostró hasta dónde llega el hartazgo de los griegos hacia los recortes sociales ya realizados y a la nueva ronda que se anunciará en los próximos días.
Un policía antidisturbios envuelto en llamas tras el lanzamiento de un cóctel molotov en Atenas, ayer. AP / THANASSIS STAVRAKIS
Información publicada en la página 18 de la sección de Mundo de la edición impresa del día 27 de septiembre de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)
El seguimiento de la huelga general, en la que participó también el pequeño comercio -muy afectado por el desplome del consumo que ha supuesto la crisis-, fue masivo, según los sindicatos. Y también lo fueron las manifestaciones en las principales ciudades griegas, como la de Atenas, que congregó frente al Parlamento a decenas de miles de personas, aunque terminó en los ya tradicionales enfrentamientos entre encapuchados, armados con piedras y cócteles molotov, y la policía, que respondió con grandes dosis de gases lacrimógenos.
Pero los disturbios no lograron empañar la voz de rechazo a los recortes de una sociedad que ha llegado al límite. «Nuestro mensaje para la troika y el Gobierno es que esta forma de hacer las cosas es errónea porque impide el desarrollo del país. Deben entender que la gente ya no aguanta más», decía un bombero cuyo salario se ha reducido de 1.500 a 900 euros desde el inicio de la crisis y sobre el que pesa la amenaza de más recortes con las nuevas medidas.
SANIDAD BAJO MÍNIMOS / Por exigencias de la troika el dinero destinado a educación y sanidad ya ha disminiudo considerablemente, así como los salarios de los funcionarios, lo que está provocando graves deficiencias en el funcionamiento del Estado. «Los trabajadores de la sanidad están al borde de la pobreza. Las enfermeras cobran ahora 600 euros y los médicos, 1.200. Desde febrero no nos pagan las guardias. Cierran hospitales y nos falta material», se lamentó la doctora Maria Mitselos, antes de añadir: «Pero lo peor es que la sanidad ya no es gratuita y la gente que está en el paro y ha perdido su seguro no puede costeársela». Lo mismo ocurre con otros servicios como el transporte y la educación.
Los sindicatos han prometido continuar sus movilizaciones y huelgas si el Gobierno aprueba las medidas de ahorro de al menos 11.500 millones de euros que exige Bruselas para seguir otorgando el préstamo. El plan será aprobado en el Parlamento próximamente, a pesar de que incluso desde el Ministerio de Finanzas reconocen que temen por la «estabilidad» del Gobierno.
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