Histórico fallo por actos de represión regional

Primera condena de los responsables de la operación Cóndor

El exdictador argentino, Reynaldo Bignone recibió 20 años de prisión por ser parte de una "asociación ilícita" formada por las dictaduras latinoamericanas

El exdictador argentino Reynaldo Bignone, en el banquillo, el día del inicio del juicio por la operación Condor, en marzo del 2013.

El exdictador argentino Reynaldo Bignone, en el banquillo, el día del inicio del juicio por la operación Condor, en marzo del 2013. / EM/SU/KV

ABEL GILBERT / BUENOS AIRES

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Se le llamó operación Cóndor y fue la coordinación represiva entre seis regímenes militares desde 1974 a entrada la década del ochenta. El coronel chileno Manuel Contreras, jefe de la DINA de Augurto Pinochet, quedará en la historia como uno de sus artífices. A finales de 1975 impulsó el pacto en Santiago, cuando la caería de chilenos que huían del dictador se transformó en un acto natural en una Argentina que se encaminaba al golpe de Estado. Cuatro décadas más tarde, cuando han muerto Contreras, Pinochet y también el argentino Jorge Videla, el Tribunal Oral Federal 1 de la ciudad de Buenos Aires emitió una condena sin precedentes a algunos de los responsables y protagonistas de esta entente regional del terror. El exgeneral Reynaldo Bignone, último dictador argentino y promotor en su momento de la ley de auto amnistía castrense, fue sentenciado a 20 años de cárcel. No es la primera condena que recibe por delitos de lesa humanidad. En tanto, el otrora temible ex general Santiago Riveros fue sentenciado a 25 años de prisión. Lo mismo que el coronel uruguayo Manuel Cordero, extraditado en 2007 a Argentina desde Brasil.

              Durante el largo juicio, que se inició en 1999, se analizaron 105 casos,45 de ellos correspondientes a uruguayos, 22 chilenos, 13 paraguayos, 11 bolivianos y 14 argentinos.  Para la justicia, la operación Cóndor configuró una asociación ilegal entre militares de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile. Se intercambiaban prisioneros, detenían, investigaban, torturaban y asesinaban opositores. Gastón Chiller, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), destacó la trascendencia del pronunciamiento judicial. “Lo importante de este juicio es que por primera vez en América Latina un tribunal reconoce la existencia del Plan Cóndor como asociación ilícita”. Chille está convencido de que si estuvieran vivos Pinochet o el tirano paraguayo, Alsfredo Stroessner, no podrían evadir esta causa judicial. “Nuestra forma de entender estos procesos judiciales no es solo una forma de alcanzar justicia, de conseguir una sanción para los responsables de crímenes contra la humanidad, sino también una manera de impulsar la reconstrucción histórica y el aporte a la verdad. Por eso entendemos que podría tener ese impacto en otros países”, opinó Luz Palmás Zaldua, también abogada del CELS, uno de los organismos humanitarios querellantes.

                En los años noventa, el exrecluso político paraguayo, Martín Almada, encontró en ese país importante documentación que ayudó a reconstruir la trama represiva. El llamado “Archivo del Terror” incluye información sobre el modo en que se fueron estructurando los contactos entre los militares de los integrantes de la operación Cóndor.

                La coordinación represiva contó con el aval político del Departamento de Estado de EEUU, pertinaz promotor de la Doctrina de la Seguridad Nacional y el adiestramiento contrainsurgente en la Escuela de las Américas t West Point. Durante el juicio no surgieron sin embargo elementos que permitieran ir más allá de las responsabilidades que se le han adjudicado entonces a Washington, aunque sí la confirmación que tenía Estados Unidos del modo en que se operaba en la región. La expectativa, de cara al futuro, tiene que ver con el compromiso que asumió Barack Obama de desclasificar información de la CIA y la inteligencia militar relacionada con esos años.