Pese al cambio de Gobierno y al inexorable avance de la crisis, hablar de rigor y de austeridad sigue siendo un tabú entre los dirigentes franceses. Sin embargo, este fue el hilo conductor del discurso de política general del primer ministro, Jean Marc Ayrault, que anunció ante el Parlamento nuevos impuestos para las grandes empresas y los ricos, así como restricciones en todos los ministerios a excepción de los considerados prioritarios: Educación, Justicia e Interior. Sin sorpresas -los socialistas tienen mayoría absoluta- el proyecto fue aprobado por 302 votos a favor y 225 en contra.

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Información publicada en la página 13 de la sección de Mundo de la edición impresa del día 04 de julio de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Con su estilo escandinavo -y bastante soporífero- Ayrault trazó la hoja de ruta que seguirá el Gobierno en los próximos cinco años. Utilizando eufemísticas fórmulas como «recuperación» o «levantar el país», el primer ministro apeló al «patriotismo» de «todos los ciudadanos» para exhortarles a «movilizarse» contra la «aplastante» deuda del país. Una deuda que asciende a 1,8 billones de euros, nada menos que el 90% de la riqueza que produce Francia cada año. «El Estado vierte cerca de 50.000 millones anuales a sus acreedores. Esta suma representa el principal gasto, justo por delante del de Educación, y es superior a los presupuestos de Justicia, Investigación y Seguridad juntos. ¡Es inaceptable!», clamó.

SIN AUMENTO DEL IVA / Para combatir tan dramática situación, que no dudó en atribuir al anterior Gobierno de Nicolas Sarkozy, Ayrault anunció una batería de medidas impositivas. En primer lugar, la reinstauración del impuesto sobre las fortunas, el de sucesiones y las cargas sobre las horas extras, eliminados por Sarkozy. También suprimió el aumento del IVA previsto para este otoño.

Ayrault garantizó que «las clases populares y las clases medias serán exoneradas» del esfuerzo, mientras que los ricos deberán contribuir mucho más. Además de crear una tasa especial para los bancos y las empresas petrolíferas y reestructurar el IRPF, confirmó la aplicación de una de las medidas emblemáticas preconizadas por François Hollande durante la campaña: una imposición del 45% para los más ricos y del 75% a partir de un millón de euros anuales de ingresos. «No acepto la acusación de fiscalidad confiscatoria», previno ante los aspavientos de la derecha.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN / Reiteró también que la reducción del gasto se aplicará a todos los ministerios menos en Justicia, Interior y Educación, sector este último en el que mantuvo la promesa de que se crearán 60.000 nuevos puestos de trabajo.

A juicio de la oposición, estas medidas no solo son contradictorias sino también insuficientes para cumplir con los compromisos de reducción del déficit y de alcanzar el equilibrio presupuestario en el 2017, como promete Ayrault. Máxime cuando el Ejecutivo se ha visto obligado a revisar a la baja su previsión de crecimiento (0,3% frente al 0,4% para el 2012 y 1,2% frente al 1,7% estimado para el 2013).

En el terreno de la política familiar, puso fecha a otro compromiso simbólico de Hollande: la legalización en Francia del matrimonio entre homosexuales. La ley, que incluirá el derecho a la adopción para estas parejas, entrará en vigor durante el primer semestre del 2013.