POLÉMICA POLÍTICA Y JUDICIAL

El presidente de Colombia destituye al alcalde de Bogotá

Las FARC califican de "grave golpe contra el proceso" de paz la decisión de Santos sobre Gustavo Petro, exguerrillero del M-19

Gustavo Petro, alcalde de Bogotá.

Gustavo Petro, alcalde de Bogotá. / md/gln

ABEL GILBERT / Buenos Aires

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La decisión del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, de destituir al alcalde de Bogotá, el exguerrillero del M-19 Gustavo Petro, parece cerrar un largo pleito político y judicial en relación al ejercicio del segundo cargo electivo más importante del país. Pero sus efectos ya impactan negativamente en La Habana, donde el Gobierno y las FARC negocian un acuerdo que ponga fin al conflicto armado de medio siglo.

En la noche del miércoles, Santos desestimó las medidas cautelares que había expedido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En diciembre pasado, el mandatario dijo que estaba "obligado a cumplir" la recomendación, como siempre lo había hecho Colombia. Sin embargo, Santos optó por darle ejecución al dictamen del procurador general, Alejandro Ordóñez, que había destituido e inhabilitado a Petro por 15 años por no haber facilitado el libre juego de la competencia en la licitación del servicio de recolección de basura de la ciudad.

"Se debía cumplir con la Constitución y las leyes y hay que defender las instituciones. Solicitamos que al alcalde Petro se le defiendan sus derechos. Así hemos procedido", justificó Santos. Y agregó: "Es evidente que la Justicia colombiana no solo ha actuado, sino que lo ha hecho de manera eficaz y oportuna".

Alcalde interino

El presidente nombró al ministro de Trabajo, Rafael Pardo, como alcalde bogotano interino. "Santos decidió cortar por lo sano. Y, la verdad, no sin razones. Porque esta ciudad ha sufrido mucho en este proceso y ciertamente está necesitada de una solución definitiva. La incertidumbre no hacía más que paralizar a esta ciudad, que lo que necesita es ejecución vigorosa. Cierto es, también, que el destituido alcalde Petro tuvo opciones dentro de la institucionalidad colombiana para defenderse de la decisión de la Procuraduría, que no dejaremos de considerar desproporcionada", ha señalado este jueves en su editorial el diario 'El Espectador'.

Petro había asumido su cargo en el 2012 e iba a enfrentar un referendo revocatorio para sacarlo del cargo, que estaba previsto para el 26 de abril. El exalcalde creyó ver detrás del dictamen de Ordoñez, un procurador de fuerte raigambre conservadora, una jugada política tendiente a imposibilitar la proyección de la izquierda. Cuando se le agotaron las vías de apelación en su país, Petro recurrió a la CIDH.

Requisitos de gravedad y urgencia

En su fallo, el organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) consideró que el caso reunía los "requisitos" de "gravedad, urgencia e irreparabilidad". A Petro, concluyó la CIDH, lo amparaban "derechos políticos". Por lo tanto, sugirió que se respete su mandato hasta tanto se decidiera de fondo sobre el caso, un proceso que debe adelantar la Corte Interamericana. Las cosas no sucedieron de esa manera.

Petro reaccionó de inmediato y se preguntó, durante una concentración en la Plaza de Bolívar de Bogotá, sobre las garantías reales que tiene la izquierda de gobernar Colombia después de lo que le había sucedido. A su criterio, había sido víctima de un golpe de Estado.

Previamente a que se conociera la posición de Santos, las FARC habían calificado el 'caso Petro' como "un grave golpe contra el proceso". "Es una muestra de las garantías de la democracia colombiana a las cuales nos invitan a vincularnos", dijo, con ironía, uno de los negociadores de la guerrilla, al ser consultado sobre el fallo del Procurador.

Viaje a La Habana

Ahora, la situación se torna más compleja porque Petro anunció que viajará a La Habana para hablar con las FARC. "Petro y la guerrilla empiezan a caminar por el mismo sendero", conjeturó en su portal la revista 'Semana', al hablar sobre las coincidencias a favor de convocar una nueva Asamblea Constituyente.

Según Semana, la destitución del alcalde no hace más que profundizar "el ambiente de desconfianza entre los negociadores del Gobierno y de la guerrilla" cuando se inicia una nueva ronda de negociaciones.