BALANCE DEL ACUERDO CON LAS FARC

La paz colombiana no ha acabado con la violencia

Un miembro de una banda entrega su arma en una ceremonia en Cali, el pasado julio.

Un miembro de una banda entrega su arma en una ceremonia en Cali, el pasado julio. / AFP / LUIS ROBAYO

Abel Gilbert

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Danna Méndez (Deiner Aléxander Méndez Berrío) defendía los derechos de la comunidad LGBTI en Chaparral, a 250 kilómetros de Bogotá. Había padecido en carne propia la discriminación sexual y se juró combatirla ahí donde se insinúe. Todos los días, después de trabajar como peluquera, se dedicaba a una causa que, decía, le había permitido renacer. Desde febrero no se sabía nada de ella. El 15 de agosto encontraron su cuerpo en avanzado estado de descomposición, con signos de tortura y abuso.

Según 'El Tiempo de Bogotá', el caso de Danna tiene un patrón común advertido en los numerosos asesinatos políticos perpetrados en Colombia después de los acuerdos de paz firmados por el Gobierno y las FARC a fines de 2016. De acuerdo con la oenegé Somos Defensores, a lo largo de este año han perdido la vida 51 líderes sociales. Otras fuentes como la Marcha Patriótica, cercana a la exinsurgencia, hablan de 76 víctimas mortales (68 hombres y ocho mujeres). Pero si se contabilizan los últimos 12 meses las cifras escalan hasta los 186 muertos, atribuidos a paramilitares de ultraderecha, bandas de narcotráficantes o "desconocidos".

El alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Todd Howland, ha comprobado que buena parte de los crímenes se cometen bajo la modalidad del sicario. Los departamentos más afectados son Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Chocó y Nariño. Para Howland, la ola de asesinatos está relacionada con las deudas sociales de Colombia.  La Fundación Paz y Reconciliación estimó en su informe de julio que si bien no se puede detectar una sistematicidad en lo que hace a la autoría intelectual y material de las muertes, el perfil de las víctimas es por lo general inequívoco: se trata de referentes en las luchas por la restitución de tierras, dirigentes humanitarios, integrantes de las Juntas de Acción Comunal y candidatos a elecciones en 2019. El último de esta lista escalofriante ha sido Nidio Dávila. Veinte integrantes de las llamadas Autodefensas Gaitanistas entraron por la fuerza a la casa del dirigente de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Nariño el pasado 6 de agosto y lo liquidaron despiadadamente.

El luto después de la paz

El final del enfrentamiento armado de más de medio siglo no ha frenado la lógica de la violencia. A pesar de las palomas blancas lanzadas al cielo como símbolo de la anhelada concordia, los crímenes se incrementaron un 31%. Somos Defensores contabiliza además en 500 a los líderes sociales han sido amenazados y temen correr la misma suerte que Dávila o Méndez. Médicos sin Fronteras detectó un fuerte incremento de los hechos de extorsión y acoso. Marietta Toro, de la Marcha Patriótica, considera la responsabilidad de lo que ocurre recae en el mismo Gobierno que firmó la paz y no cumple sus compromisos en materia de seguridad en los territorios que abandonó la guerrilla. Asegura en ese sentido que las autoridades nacionales se niegan a admitir que el paramilitarismo crece como una mancha en las zonas que las FARC abandonaron junto con las armas para incorporarse a la vida política.

La reincorporación a la sociedad no ha servido como garantía para 24 exguerrilleros que encontraron la muerte. La cúpula de las FARC también ha denunciado intimidaciones. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, creó una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y un cuerpo élite de la Policía para velar por su eficacia. El Ministerio del Interior se ha comprometido a esclarecer los episodios luctuosos.

La impunidad

Los movimientos sociales afirman, sin embargo, que la justicia no pudo ubicar a casi ningún responsable de haber apretado el gatillo. La Fiscalía rechaza ese diagnóstico y sitúa el grado de impunidad en un 50%. El Defensor del Pueblo, Carlos Negret Mosquera, llamó a no estigmatizar a los líderes sociales inmersos en diferentes tipos de reclamaciones y protestas. "Eso los pone en riesgo y por eso los asesinan". Negret Mosquera fue enfático: "no se puede morir uno más en un proceso de paz", dijo.

De hecho, el acuerdo firmado en noviembre de 2016, que le valió a Santos el premio Nobel de la Paz, incluye una serie de compromisos que apuntan a erradicar por completo el uso de las armas para dirimir diferencias políticas. Los decesos son a su vez vistos como el costo espeluznante de otra guerra más secreta entre Santos y su antecesor, Álvaro Uribe, un enemigo declarado de los acuerdos con las FARC que dedica buena parte de sus energías a convertirlos en papel mojado.