La ONU pone en marcha el primer tratado para el control de armas

Cada año, más de medio millón de personas pierden la vida como consecuencia de la violencia armada. Más de la mitad, en homicidios; el resto, en guerras. En el mundo hay 875 millones de armas ligeras y se producen 12.000 millones de balas al año, cerca de dos por habitante del planeta. La venta anual de armas se acerca a la friolera de 100.000 millones de dólares (81.500 millones de euros). Cifras de vértigo.

Son datos recopilados por Amnistía Internacional (AI), la organización que, junto con Oxfam y la Red de Acción Internacional contra las Armas Ligeras (IANSA) -formada por centenares de oenegés, entre ellas la catalana Fundació per la Pau (FundiPau)-, ha logrado un hito en la lucha por el control de la exportación de armas en el mundo: el  Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), que esta semana entra en vigor. Atrás quedan años de lucha y arduas negociaciones en el seno de la ONU.

El TCA, nacido de la sociedad civil, es un código de conducta internacional que tiene como regla de oro impedir que los fabricantes vendan armamento convencional a estados que puedan utilizarlo para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o graves violaciones de los derechos humanos.

Para exportar armas es necesario contar con la licencia de los gobiernos respectivos, que son en última instancia los responsables del suministro. El tratado pretende también poner las cosas más difíciles a los intermediarios sin escrúpulos, los conocidos como mercaderes de la muerte, capaces de vender armas al diablo con tal de obtener suculentos beneficios, bien en billetes o especies, como diamantes, producto que sirve de intercambio en algunos países africanos castigados por largas y sangrientas guerras.

Menos espacio de impunidad

«El tratado reduce el espacio de impunidad en la venta de armas, tanto para el proveedor como para el comprador», dice Jordi Armadans, director de FundiPau, oenegé que se sumó hace 10 años a la campaña mundial Armas bajo Control. Fue aprobado el 2 de abril del año pasado, con el voto afirmativo de 155 de los 193 estados miembros de la ONU, lo que permitió seguir con el proceso hasta hoy. Hubo 22 estados que se abstuvieron y tan solo tres votaron no: Irán, Corea del Norte y Siria.

Aunque el texto no incluye todas las armas convencionales, sí figuran las principales: vehículos blindados, helicópteros, aviones y carros de combate, sistemas de artillería de gran calibre, buques de guerra y misiles y lanzamisiles, así como las armas pequeñas y las ligeras, que abarcan desde las pistolas hasta los lanzagranadas.

Hasta el momento cinco de los 10 primeros exportadores de armas -Alemania, España, Francia, Italia y el Reino Unido- lo han ratificado, lo que significa que «se comprometen a cumplir jurídicamente las disposiciones que recoge el texto», explica el experto en armamento Alberto Estévez, miembro del lobi de Amnistía Internacional que negoció el tratado en la ONU, un «trabajo muy duro», recuerda, y que no ha acabado.

Compromiso a medias

EEUU, por ejemplo, que es el principal exportador de armas del mundo, todavía no ha ratificado el tratado, aunque sí que lo ha firmado. Un compromiso a medias. Menos colaboradores se han mostrado Rusia y China -segundo y cuarto en el ranking de proveedores-, que ni siquiera han firmado el documento.

Aun así, para los promotores el tratado supone todo un éxito. «No es la panacea, pero es un primer paso muy importante para la regulación, el control y una mayor transparencia en la venta de armamento. Si se aplica bien reducirá las operaciones comerciales que dan lugar a la violación de los derechos humanos», apunta Estévez. Para Armadans, suscribir el tratado supone reconocer que la venta de armas es una actividad que «genera sufrimiento y muchas víctimas en el mundo», lo que, «sin duda, es un paso adelante».

El gran reto ahora es que los estados que han asumido el compromiso lo cumplan. El documento prevé que los gobiernos se doten de un sistema de control eficaz y que cada año presenten un informe sobre las operaciones realizadas.

El tratado, sin embargo, no recoge sanciones para el Gobierno que se salte la normativa. Como máximo se le podrá «poner en evidencia» o recibirá una «reprobación moral» por parte del resto de países y de la sociedad, como recuerda Estévez.

«La sociedad civil estará atenta y hará un seguimiento de las ventas, de que lleguen al país de destino, no se desvíen a un tercero, no caigan en manos de criminales o no se usen para cometer atrocidades», concluye Estévez.