Obama desafía al Congreso con una regularización masiva

Incapaz de sacar adelante en el Congreso la reforma de la política inmigratoria con la que aspiraba a cimentar su legado, el presidente de EEUU, Barack Obama, dará en la madrugada de este viernes un paso intermedio al anunciar una serie de medidas para proteger de la deportación a cerca de cinco millones de inmigrantes, a los que se concederán permisos temporales de trabajo. Obama ha actuado por decreto, recurriendo a los siempre controvertidos poderes ejecutivos, a pesar de la oposición radical de los republicanos que, a partir de enero, controlarán las dos cámaras del Parlamento. El choque de trenes está servido. Los conservadores prometen una guerra sin cuartel.

Como en las grandes ocasiones, el líder de EEUU se disponía a hacer el anuncio en horario de máxima audiencia, aunque los canales generalistas no iban a interrumpir sus emisiones para retransmitir el discurso. Si lo iban a hacer las televisiones en español, donde tiene garantizada una audiencia masiva, especialmente en Univisión, que iba a hacerle un hueco en la entrega de los Grammy latinos. «Lo que voy a hacer es explicar las cosas que puedo hacer usando mi autoridad legal como presidente para mejorar el sistema», dijo Obama el miércoles, antes de precisar que seguirá buscando un acuerdo bipartidista en el Congreso que «permita resolver el problema».

Los beneficiados

Por lo que se ha filtrado, podrán acogerse a esta amnistía temporal los padres de los niños que hayan nacido en EEUU o tengan la residencia permanente y lleven al menos cinco años en el país, una medida destinada a evitar situaciones tan dramáticas como las de esos padres que son deportados y separados de sus hijos. El año pasado se expulsó a 73.000 padres de familia. Otros grupos que podrían beneficiarse son los cónyuges de ciudadanos estadounidenses, algunos trabajadores cualificados y aquellos que llegaron al país siendo niños.

En total, se esperaba que la medida pudiera beneficiar a unos cinco de los 11 millones de indocumentados que viven en EEUU. A ninguno de ellos, sin embargo, se le dará acceso a las ayudas sociales, como la sanidad subvencionada. Pero al menos no tendrán que vivir con la paranoia permanentemente de ser detenidos, la antesala de una posible expulsión. En cualquier caso, la iniciativa ha desatado una cruenta batalla política y un debate legítimo sobre donde empiezan y acaban las potestades del Ejecutivo. Obama no puede regularizar inmigrantes, pero sí establecer prioridades en la actuación de las agencias encargadas de deportarlos.

Pero los conservadores argumentan que se ha excedido en sus poderes y le acusan de comportarse como un «monarca», a pesar de que tanto Reagan como Bush padre, ambos republicanos, ya blindaron en su día de la deportación día a casi dos millones de inmigrantes. Y también lo hicieron por decreto. «Si el presidente desafía al pueblo e impone su voluntad sobre el país, el Congreso actuará», dijo ayer Mitch McConnell, el próximo líder de la mayoría republicana en el Senado.

La propuesta

Desde que arrasaran en las elecciones del pasado 4 de noviembre, su partido ha advertido a Obama que se arriesgaba a «envenenar» la situación en el Congreso durante los dos años que le quedan de mandato. Pero Obama considera que ya ha esperado lo suficiente. Después de que la Cámara de Representantes frenara el año pasado la reforma inmigratoria aprobada en el Senado con respaldo bipartidista, esperó una propuesta alternativa de sus rivales, pero no recibió ninguna medianamente constructiva.

Hasta que en junio dio un golpe en la mesa, prometiendo que antes del final de verano actuaría para frenar las deportaciones, casi dos millones desde el inicio de su presidencia, un ritmo superior al de cualquier otro presidente. Pero las elecciones de mitad de mandato estaban a la vuelta de la esquina y acabó sucumbiendo a las presiones de su partido, dejando la decisión para después de los comicios. Una vez más, decepcionó a su fiel electorado hispano.

Ahora ha actuado, pero ha hecho justo lo que dijo en su día que no podría hacer: saltarse al Congreso. «El problema es que soy el presidente de EEUU. No soy el emperador de EEUU. Mi trabajo es ejecutar las leyes que se aprueban y hasta ahora el Congreso no ha actuado para cambiar lo que yo considero que es un sistema de inmigración roto», dijo a principios del año pasado.

En las encuestas son mayoría los que desaprueban que actúe por decreto en inmigración, aunque no sea una regularización formal. Y los republicanos ya preparan la contraofensiva. El presidente del partido lo advirtió a finales de octubre. «Haremos lo que sea para que no se materialice: le quitaremos la financiación, acudiremos a los tribunales, presentaremos recursos. Cualquier cosa», dijo Reince Preibus. Algunos han hablado de 'impeachment', otros de cerrar el Gobierno, pero deberían recordar que el voto latino será decisivo para ganar los estados donde se decidirán las presidenciales del 2016.