Nauru, infierno y paraiso

La República de Nauru es el tercer país más pequeño del mundo, por detrás de la Ciudad del Vaticano y Mónaco. Poco más de 10.000 habitantes se reparten por sus 21 kilómetros cuadrados. A modo de anécdota, llama la atención el hecho de que que sus ciudadanos están considerados de los más obesos del planeta, con una media de 100 kilogramos. No en vano, cuando llegaron los occidentales impusieron la dieta del pollo frito y la Coca-Cola; grasa y azúcar por doquier para un pueblo indígena genéticamente acostumbrado a pasar grandes temporadas sin ingerir alimentos debido a los temporales para, luego, atiborrarse.

Pero Nauru , en medio de la inmensidad del Pacífico, en la Micronesia, paradisiaca y lejana, tiene un lado muy oscuro; concretamente, acoge uno de los centros de internamiento para inmigrantes más cuestionados por los defensores de los derechos humanos. Independiente desde 1968, Nauru fue administrada con anterioridad por Australia bajo el auspicio de Naciones Unidas. Agotados sus recursos naturales de fosfato, un Gobierno prácticamente en la quiebra se avino a ser, a cambio de canones millonarios, el lugar donde Australia 'aparcara' a los solicitantes de asilo que habían llegado sin seguir el protocolo oficial, a la espera de que se tramitaran sus peticiones. La 'Pacific Solution', fue bautizada la operación. Ya en los 90, la isla de la Micronesia era conocida como paraiso fiscal donde las mafias, especialmente la rusa, campaban a sus anchas.

GESTIÓN PRIVADA

El centro de internamiento, pagado por Australia, abrió sus puertas en el 2001 y las cerró en el 2007. Detrás quedaban años de graves denuncias de vulneración de derechos, de agresiones sexuales a las mujeres y torturas a los hombres. Sin prácticamente denuncias porque los afectados temían ver cómo sus trámites de petición de asilo se quedaban congelados. El centro estaba gestionado por empresas privadas, Wilson Security y Transfield Services, entre otras, y sobre parte de sus empleados recaían las graves acusaciones. Naciones Unidas canalizó las quejas y, finalmente, la presión sobre el Gobierno fue tal que optaron por el cierre. Los internos vivían hacinados y en condiciones indignas, especialmente preocupante en el caso de los niños. Los muertos se contaron por cientos.

REABIERTO EN EL 2012

Como en la actualidad. Porque después de cinco años cerrado, el centro volvió a funcionar en el 2012, coincidiendo con el incremento del numero de capturas de inmigrantes en el mar fruto del recrudecimiento de los conflictos en Oriente Próximo. Camberra entregó 2.000 millones de dólares al Gobierno de Nauru para mantener abierto el centro durante un periodo de cuatro años.

Los casos de abusos, a cual más espeluznante, se cuentan por decenas en los últimos años. Uno de tantos es el de Abyan -bautizada en Australia con un nombre ficticio para proteger la identidad-, una joven somalí de 23 años que denunció en el 2015 haber sido violada en el centro y haberse quedado embarazada como consecuencia de la agresión. Tras una agria polémica, fue trasladada desde la isla de la Micronesia hasta suelo australiano en una frágil situación mental y física para estudiar la posibilidad de abortar. En este contexto, las autoridades de la República de Nauru se han caracterizado sistemáticamente por la falta de diligencia a la hora de perseguir los delitos cometidos en el centro de internamiento, convirtiéndolo en un autentico agujero oscuro y peligroso, especialmente para las mujeres.

Otro espantoso ejemplo es el de Nazanin, regogido y documentado por Naciones Unidas. Se trata de una joven también interna en Nauru que el año pasado fue violada por una pandilla dentro del centro. Tuvo que ser trasladada a Australia para recibir tratamiento a sus heridas tanto físicas como psicológicas. Las autoridades no permitieron que su madre y su hermano, también detenidos, la acompañaran. La separación de madre e hija en tales condiciones tuvo dramáticas consecuencias. La progenitora protagonizó varios intentos de suicidio.