Muere de un disparo el fiscal que acusó a Kirchner de encubrir a terroristas iranís

Las autoridades de Argentina han localizado este lunes el cadáver del fiscal Alberto Nisman, que hace unos días acusó a la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, de encubrir a los iranís que estarían detrás del atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires y que causó 85 muertos.

El fiscal federal Natalio Alberto Nisman fue encontrado muerto en su apartamento en la ciudad de Buenos Aires, horas antes de declarar ante una comisión parlamentaria las razones de su decisión de acusar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su canciller Héctor Timerman de "decidir, negociar y organizar la impunidad de los prófugos iranís" involucrados en la laberíntica causa en la que se investiga el bombazo que destruyó la mutual de la colectividad judía de Buenos Aires (AMIA) el 18 de julio de 1994. La noticia ha provocado una profunda conmoción en Argentina.

Los efectivos de su custodia personal venían alertando sobre la falta de respuesta de Nisman a las llamadas telefónicas. "Junto al cuerpo, que se hallaba en el suelo, se encontró un arma de fuego calibre 22, además de un casquillo de bala", consigna el comunicado del Ministerio de Seguridad. "A primera hora de la noche, la madre ingresó a la vivienda acompañada por uno de los custodios, hallando el cuerpo de Nisman en el interior del baño de su habitación, bloqueando la puerta ingreso al mismo", se añade.

Según la diputada opositora Patricia Bulrich, Nisman aseguraba sentirse amenazado después de haber formulado su sorprendente denuncia judicial. "Parecía que habíamos visto todo lo que se podía ver en el caso de la AMIA. Pero sólo parecía", señaló el diario 'Clarín'. "No voy a aventurar ninguna hipótesis. Tampoco que es suicidio. Por más que encontraron el cuerpo con un arma al lado, van a ver quién entró. Hay que esperar hasta después del análisis de la autopsia", dijo la fiscal encargada del caso, Vivian Fein.

Apenas pocos días atrás, Nisman remeció la escena política local cuando sotuvo que Fernández de Kirchner ha tratado subrepticiamente de "liberar a los acusados y fabricar la inocencia de Irán". Hubo, en los hechos, "una alianza del Poder Ejecutivo con el terrorismo", consideró también Nisman en un voluminoso escrito que provocó sorna oficial. El fiscal llegó además de pedir un embargo de los bienes de CFK por unos 14 millones de euros.  

El secretario de Seguridad, Sergio Berni, ha confirmado que la mandataria ya sabe lo que ha sucedido en ese lujoso apartamento casi lindante con el que ella posee en Puerto Madero, a pocas cuadras de la sede del Poder Ejecutivo. La causa AMIA tiene la forma de un laberinto. Hubo, desde 1994, pistas falsas, encubrimientos, condenas anuladas y un juez, Juan José Galeano, que terminó preso después de siete años de investigaciones realizadas con pruebas fraguadas y que nunca condujeron a ningún lado. A pesar de que sectores periodísticos vienen alertando desde el mismo momento en que sucedió aquel drama a no desechar la pista siria, la sospecha principal siempre recayó sobre el régimen iraní.

Nisman investigaba desde 2004 el atentado perpetrado con un coche bomba en pleno corazón capitalino que mató a 85 personas. Dos años más tarde, la justicia argentina pidió, sin resultados, la captura del exministro iraní de Defensa Ahmad Vahidi; el exministro iraní de Información Alí Fallahijan; el exasesor gubernamental Mohsen Rezai; el exagregado de la embajada de Irán en Buenos Aires Moshen Rabbani; el exfuncionario diplomático Ahmad Reza Ashgari, y el libanés Imad Fayez. En rigor, los pedidos de arresto a Interpol de esos acusados siguen vigentes. En 2014 se cumplieron dos décadas de ese episodio atroz y todavía impune.

En ese contexto es el que el Gobierno argentino firmó un acuerdo con Teherán con el fin de crear una Comisión de la Verdad integrada por juristas internacionales para aclarar la responsabilidad del atentado. El acuerdo fue aprobado por el Congreso argentino, aunque impugnado por un tribunal local. Irán nunca lo avaló, lo que fue interpretado como un fracaso de la iniciativa.

Para Nisman, con ese acuerdo, que está en el limbo, solo se buscó "acercarse geopolíticamente a la República Islámica de Irán y restablecer relaciones comerciales plenas de Estado a Estado para aliviar la severa crisis energética argentina, mediante un intercambio de petróleo por granos". Argentina tiene en rigor un volumen muy bajo de intercambio comercial con el régimen iraní.

DIPLOMACIA PARALELA

De acuerdo con el fiscal, "el Gobierno puso en marcha un canal de comunicación paralelo entre Argentina e Irán a fin de transmitir e instrumentar las ordenes emitidas por la Presidenta y, de ese modo, alcanzar los objetivos ilícitos. Este canal clandestino, que operó como una diplomacia paralela, estuvo integrado por funcionarios, ex funcionarios y otros sujetos, que ninguna vinculación guardaban con la función diplomática, pero que estaban estrechamente ligados al centro del poder de donde emanan las decisiones más trascendentales de la política argentina". El fiscal lanzó su acusación contra el diputado Andrés Larroque, y un dirigente kirchnerista de inocultable simpatía por el régimen iraní Luis D’Elía, entre otros.

Durante su presidencia, Néstor Kirchner levó las acusaciones y los reclamos contra Irán ante las Naciones Unidas con la colaboración del fiscal. Nisman vio siempre con muy malos ojos el fallido memorándum firmado con Irán para fijar un mecanismo de indagatorias en Teherán a los presuntos resposables iraníes del atentado contra la mutual judía. 

La presentación judicial de Nisman, un fiscal de fluidos lazos con los servicios de inteligencia de EE.UU e Israel, generó tanta perplejidad como interrogantes. Mientras un sector de la prensa, duramente enfrentado con el Gobierno, llamó a tomarse en serio su denuncia, otros recordaron que el fiscal era nombrado repetidamente en los cables diplomáticos filtrados por Wikileaks como alguien de fluidas relaciones con la embajada de EE.UU. Nisman era a su vez un "protegido" del Jaime Stuso, el exjefe de la inteligencia argentino, despedido semanas atrás por la presidenta. La muerte del fiscal cambia radicalmente el contexto político argentino.