El Periódico

Bruselas se topa con graves obstáculos para aplicar la devolución de refugiados a Turquía

La Comisión Europea aclara que las deportaciones se retrasan hasta el 28 de marzo por cuestiones logísticas y legales

Atenas tiene todavía que modificar su ley para considerar a Turquía país seguro y Ankara para garantizar una protección equivalente a la UE

Bruselas se topa con graves obstáculos para aplicar la devolución de refugiados a Turquía

Petros Giannakouris

Una embarcación de migrantes llegando a la isla de Lesbos el domingo día 20 de marzo.

SILVIA MARTINEZ / BRUSELAS

Lunes, 21 de marzo del 2016 - 20:19 CET

El polémico acuerdo entre la Unión Europea y Turquía para devolver a todos los refugiados que lleguen a las islas griegas entró en vigor este pasado 20 de marzo pero su aplicación ha arrancado rodeada de problemas logísticos y una gran incertidumbre que hace que las primeras expulsiones vayan a tener que retrasarse al menos hasta el 28 de marzo. “El presidente Juncker dijo que el acuerdo requeriría esfuerzos significativos. No solo de Grecia también de los estados miembros. Somos conscientes de las dificultades y trabajamos las 24 horas para garantizar que todo funciona”, asegura su portavoz.

Pese al empeño político, el plan sigue sin tener el camino totalmente despejado ni en el plano jurídico ni en el logístico. Para garantizar que las deportaciones no vulneran la legislación internacional en materia de asilo, tanto Grecia como Turquía están obligadas a modificar sus leyes y hacerlo además con urgencia. En el caso griego, el Gobierno de Alexis Tsipras debe aprobar una nueva legislación reconociendo a Turquía como país seguro y modificar la normativa sobre asilo para crear comités de apelación en los que los refugiados puedan presentar recurso en caso de que las autoridades griegas les denieguen la solicitud.

CAMBIOS LEGISLATIVOS

“Esperamos que Grecia introduzca la legislación esta semana” porque “no habrá decisiones hasta que la legislación sea adoptada”, explican desde el Ejecutivo comunitario sobre un elemento crucial para evitar que el pacto reciba un aluvión de denuncias desde su nacimiento. El mismo camino deberá tomar el Gobierno turco. Ankara está obligada a garantizar la renovación del estatus de protección temporal a todos los sirios que regresen al país y que lo perdieron por el mero hecho de abandonar Turquía con destino a Grecia. Además, tendrá que garantizar que ofrece una protección equivalente a la de la Convención de Ginebra a los refugiados de otras nacionalidades.

Los obstáculos a resolver en el plano logístico son igual de exigentes. La Comisión Europea ya anunció el pasado viernes que serán necesarios 4.000 funcionarios de Grecia, los Estados miembros y las agencias Frontex y Easo para aplicar con garantías el plan. Según la lista de necesidades –hay 20 países que ya han hecho ofertas- serán necesarios 1.000 agentes de seguridad, 1.500 policías, medio centenar de expertos en repatriaciones, 600 expertos en asilo, 430 intérpretes así como el envío de 190 contenedores, la creación de 20.000 camas –solo existen 6.000- en las islas, 28 autobuses y 8 barcos de Frontex o ferries para devolver a territorio turco a los refugiados cuyas solicitudes sean denegadas. Estas personas no tendrán libertad de movimientos en las islas y serán asignados a los centros de identificación que pasarán a convertirse en centros de retención.

A la espera de ver cómo aplica la UE las expulsiones de refugiados, las únicas deportaciones que, de momento, ya están en marcha son las de inmigrantes en situación irregular. En cuando al nuevo mecanismo de un sirio reubicado desde Turquía por cada sirio que sea devuelto de las islas griegas a territorio turco, la intención del Ejecutivo comunitario es que pueda empezar a funcionar en quince días, el 4 de abril. La UE ofrecerá inicialmente 18.000 plazas a las que podrían sumarse otras 54.000 si fuera necesario confían en que no será necesario. “Pensamos que los flujos se van a reducidir muy rápidamente. El incentivo para ir hasta las islas griegas será muy bajo”, sostiene un funcionario europeo.

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