Un ministro italiano pide que el alquiler del útero se considere un "crimen universal"

El titular de Interior, Angelino Alfano, entra de lleno en el debate de la nueva ley sobre el matrimonio gay en Italia

El ministro del Interior, Angelino Alfano.

El ministro del Interior, Angelino Alfano. / periodico

ROSSEND DOMÈNECH

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“El útero en alquiler debe ser considerado como un crímen universal”. El ministro de Interior italinao, Angelino Alfano, ha intervenido lanza en ristre en el debate nacional de estos días sobre una ley del Gobierno que será debatida por el pleno del parlamento a final de mes para dar un marco legal a las parejas homosexuales.

Italia, tal vez por la simbiosis con el Vaticano, es el único país europeo que no dispone de una ley sobre derechos y deberes de las parejas del mismo sexo, lo que se refleja en las numerosas advertencias que ha recibido desde Bruselas.

Alfano es el líder del Nuevo Centro Derecha (NCD), aliado del Gobierno de mayoría progresista, que en declaraciones al diario católico Avvenire, ha advertido al Ejecutivo de que la ley sobre uniones civiles es “una bola de nieve que puede transformarse en un alud”, en clara referencia a una salida de su partido de la coalición de Gobierno, dejándolo en minoría.

“Somos favorables a reforzar los derechos patrimoniales para las parejas homosexuales, pero negamos rotundamente su plena equiparación con el matrimonio y con la adopción”, ha subrayado Alfano, quien, como otros italianos, advierte que si la ley sobre parejas homosexuales introduce la posibilidad de adopciones de menores, podría transformarse en un caballo de troya para el alquiler de úteros.

La ley italiana actual castiga dicha forma de paternidad o maternidad con penas de dos años de prisión y sanciones de entre 300 mil y un millón de euros.

INTRODUCIR ENMIENDAS

La norma que intenta colmar el vacío actual sobre parejas homosexuales ya fue aprobada por las respectivas comisiones del Congreso y del Senado, pero ahora deberá pasar por un debate parlamentario, para el que varios grupos políticos intentan introducir enmiendas que podrían cambiar la filosofía de fondo de la misma.

Sin embargo, el Ejecutivo del primer ministro, Matteo Renzi, cuenta con el apoyo de la oposición comunista (SEL) y la de los indignados de Beppe Grillo (M5S) para sacar adelante la ley, lo que teóricamente podría provocar la salida del Gobierno de los conservadores del NCD de Alfano y una crisis del Gabinete.

A medida que se acerca el debate parlamentario se calientan también los frentes de los favorables y contrarios, en una confusa mezcla de temas, que ayuda poco a aclarar las cuestiones implicadas.

“Hay que expulsarla del partido”, han escrito una oleada de internautas sobre la eurodiputada progresista y católica, Silvia Costa, que ha escrito en su página de Facebook que las presiones del “lobi gay” vinculan el reconocimiento de las convivencias homosexuales a la cuestión de los “úteros en alquiler”. 

La misma indignación ha expresado Cristiana Alicata, directiva de FCA (Fiat-Chrysler), del colectivo LGBT (Lesbianas, gais, besexuales y transexuales) y también exmiembro de la dirección del Partido Demócrata (PD), en unas incendarias declaraciones realizadas este jueves. 

UNA MINORÍA

“Las uniones civiles afectan a una minoría de personas y no me parecen una prioridad”, ha intervenido Edoardo Menichelli, arzobispo de Ancona, explicando: “Si el nuestro fuese un país en el que se apoya a la família, reconociéndole el papel insustituible de célula fundamental de nuestra sociedad, como primer lugar de formación, primera escuela, primer 'estado del bienestar¿ y primer hospital, entonces sería más fácil discutir sobre cómo encontrar una solución para determinadas exigencias sobre los derechos individuales de las personas”.

 “El cuerpo de las mujeres no es un contenedor, que no puede, que no debería poder ser alquilado más o menos consensualmente por cuenta de terceros”, ha expresado la célebre feminista y escritora Chiara Saraceno, alertando al mismo tiempo de que la cuestión del "útero en alquiler no debe ser usado para obstaculizar las posibilidad de adopciones de parte de parejas del mismo sexo”. 

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