Miles de personas rechazan la retirada de pensiones por discapacidad en Argentina

El 9 de septiembre de 2016, Yanina Martínez obtuvo para Argentina la medalla de oro en los 100 metros en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro. La ganadora de la categoría T36 tenía entonces 22 años.Padece una parálisis cerebral. El Gobierno argentino la incluyó sin embargo entre los miles de personas que dejaron de recibir la pensión por discapacidad que paga el Estado. Martínez fue dada de baja porque ha conseguido un patrocinador de su carrera deportiva, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y emitía factura. Pero eso lo supo su madre cuando fue al cajero automático a retirar dinero. "¿Por eso nos van a sacar la pensión?", se preguntó la madre. Yanina recibió la noticia de cara al Mundial de Atletismo que se realizará en Londres dentro de tres semanas, y de manera involuntaria se convirtió en uno de los casos más irritantes de una medida que provocó el repudio en las calles de miles de personas, entre ellas centenares con problemas de discapacidad. Las autoridades se vieron obligadas a volver sobre sus pasos. "Marcha atrás del Gobierno", escribió el diario 'Clarín' a última hora del jueves.

Pero horas antes, el centro de la ciudad de Buenos Aires fue la caja de resonancia de un malestar muy extendido. Muchos beneficiarios de pensiones por discapacidad, algunos acompañados por sus familiares, reclamaron la restitución de sus derechos y recibieron la solidaridad de una multitud.

El Ministerio de Desarrollo Social había justificado la poda de los beneficios como consecuencia de la "depuración de los padrones". La ministra, Carolina Stanley, anunció la decisión del presidente, Mauricio Macri, de suspender unas 160.000 pensiones. Sin embargo, aclaró que habrá una revisión caso por caso para determinar quiénes recibirán el apoyo estatal. “Estamos combatiendo a las mafias”, dijo Stanley.

EFECTO DEL AJUSTE

El Gobierno lleva desde principio de 2016 un proceso de endeudamiento externo que ya supera los 70.000 millones de dólares y que en una parte considerable se usa para mantener un alto nivel de gasto público que antes se financiaba con impuestos a los grandes productores agropecuarios y las mineras. Los timoneles de la economía decidieron que es hora de empezar a reducir el déficit fiscal y situarlo en el 4,2% del PIB. Con ese propósito se puso en marcha un ajuste interno que, se asegura, será mayor después de los comicios legislativos de octubre. En este contexto se vinieron eliminando desde enero y sin aviso previo pensiones de unos 260 euros.

La oposición, separada por rencillas y enconos, encontró un breve momento de coincidencia en el rechazo del ajuste. El sindicalismo y la Iglesia católica también sumaron sus voces en contra de la medida. La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) denunció a la vez “el recorte en el área de la educación especial”.

"SE METEN CON LOS POBRES"

“La pensión es un derecho”, “Los discapacitados son personas sin voz”,  “¿Por qué se meten con nosotros?”, fueron algunos de los carteles exhibidos durante la marcha realizada en las inmediaciones de la sede presidencial. Una de las manifestantes, Lorena, cuya madre padece esclerosis múltiple, dijo frente a las cámaras de televisión que su familia hacía 15 años que recibía su pensión pero se la quitaron porque su padre cobra 9.000 pesos de pensión y ella misma trabaja como docente. “Sentí indignación y tristeza”, dijo el familiar de otra afectada. “Sé lo que vive un discapacitado”, señaló una madre sobre su hija. “Siempre quisimos progresar pero te ponen trabas de afuera todo el tiempo. Se meten con los pobres”.

La vicepresidenta, Gabriela Michetti, quien después de un accidente quedó imposibilitada de volver a caminar, acusó a la oposición de buscar rédito político de lo ocurrido. Aseguró por otra parte que el Gobierno estableció “por primera vez en la historia una política de Estado” en materia de discapacidad, y sostuvo que “no hay ninguna decisión” que afecte a la continuidad de las pensiones.