Menem, en el banquillo

Esta semana arranca el juicio oral por las presuntas irregularidades cometidas en la investigación del atentado terrorista de 1994 en Buenos Aires contra la mutualista judía (AMIA) y que mató 85 personas, el ataque más mortífero cometido contra la comunidad judía en América Latina.

El juicio empieza casi siete meses después de la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman, que se encargó del caso, y a tres días de las primarias de cara a las elecciones presidenciales. Veintiún años después de la acción terrorista no se sabe nada de los ejecutores ni de los autores intelectuales.

Hay en total trece acusados por presuntamente encubrir a los responsables, entre ellos el expresidente del país Carlos Menem, el exjuez, Juan José Galeano, y dos de sus fiscales. También se sentará en el banquillo la excúpula de la secretaría de Inteligencia (SIDE), el extitular de la Unidad Antiterrorista, un importantísimo dirigente de la comunidad judía, Rubén Beraja, y el principal imputado, Carlos Telleldín.

DESTRUCCIÓN DE PRUEBAS

Todos ellos habrán de responder a cargos que van desde la destrucción de pruebas, abuso de poder, malversación de fondos públicos y coacción de testigos hasta la de implicar falsamente a policías. Este juicio es un hecho inédito. «Las instituciones estarán juzgando a las instituciones», señalaron los integrantes de la Unidad Fiscal de Investigación AMIA, Sabrina Namer y Roberto Salum.

El tribunal tratará de aclarar momentos claves del atentado. Uno de ellos es la razón por la que las autoridades descartaron la llamada pista siria. Pocos días después del atentado se supo que un ciudadano argentino de origen siriolibanés, Alberto Kanoore Edul, llamó por teléfono al principal encausado Carlos Telledín, que fue la última persona que tuvo el vehículo utilizado como coche bomba. Además, el nombre de Kanoore Edul quedó ligado a la del conductor del camión que dejó un conteiner en la puerta de la AMIA.

A pesar de estas pistas, el entonces presidente Menem ordenó, bajo presión de EE.UU, que las acusaciones solo apuntaran al régimen iraní. Con ese propósito y para «encontrar» culpables, se pagó 400.000 dólares a Telleldín para que involucrara a policías bonaerenses.

FABRICAR ACUSACIONES

Hace once años, el Tribunal que juzgó a Telleldín y a los agentes consideró que se habían «fabricado acusaciones» para atender «las lógicas demandas de la sociedad y para satisfacer los oscuros intereses de gobernantes sin escrúpulos».

Nisman era, entonces, el tercer fiscal de Galeano y el que siguió investigando el caso. Después de su muerte, el pasado enero, salió a la luz sus relaciones con la CIA, el Mosad y los servicios de inteligencia locales.

Todo apunta a que Nisman se acabó suicidando. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo que tanto la muerte de Nisman como la acusación que formuló éste sobre ella -propiciar la impunidad de los iranís, que los tribunales desestimaron- tenían como objetivo impedir el juicio que se iniciará este jueves.