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ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN

Un tribunal de Manila emite una nueva orden de arresto contra Arroyo

La Fiscalía imputa a la expresidenta filipina un nuevo cargo por malversación de fondos

Jueves, 4 de octubre del 2012 - 13:08h. Imprimir Enviar esta noticia Aumentar/ Reducir texto
AGENCIAS / Manila

Un tribunal de Manila ha emitido hoy una nueva orden de arresto contra la expresidenta filipina Gloria Macapagal Arroyo por supuesta malversación, que se suma a los casos de corrupción que tiene pendientes con la justicia. La nueva acusación implica que muy probablemente Arroyo volverá a ser detenida después de que en julio obtuviera la libertad bajo fianza y saliera del hospital militar en el que permaneció bajo arresto durante ocho meses por supuesto fraude electoral.

La expresidenta de Filipinas Gloria Macapagal Arroyo, en una imagen de archivo. HO | REUTERS

El juez Efren Dela Cruz ha ordenado también la detención de nueve de sus colaboradores por el hurto de 500 millones de pesos (5,5 millones de euros) de una organización benéfica del Gobierno, según ha informado el diario The Inquirer. Según la Fiscalía, también pesa sobre Arroyo otra acusación por la supuesta malversación de 365 millones de pesos (7,18 millones de euros) de las arcas de la lotería estatal.

A pesar de las cuentas pendientes con la justicia y una enfermedad que la mantuvo en silla de ruedas durante meses, Arroyo, que fue presidenta entre el 2001 y el 2010, continúa activa en política como parlamentaria y aspira a revalidar el escaño en las próximas elecciones.

En julio, tras depositar una fianza de un millón de pesos, la expresidenta, que padece una rara dolencia en la columna vertebral, abandonó con un collarín el Hospital de Veteranos en Manila donde se encontraba retenida.

La Fiscalía tramita también contra la exmandataria otro caso de corrupción y tráfico de influencias en relación a un contrato estatal para la instalación de una red nacional de internet de alta velocidad con la empresa china ZTE. Arroyo anuló el contrato con ZTE en el 2007, unos meses después de firmarlo, cuando se denunciaron presiones e irregularidades en la adjudicación de la obra. 

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