Malestar en México por la ejecución en EEUU de Edgar Tamayo

El preso mexicano Edgar Tamayo, de 46 años, ha sido ejecutado esta madrugada mediante inyección letal en la cárcel de Huntsville, en Tejas (EEUU), después de que el Tribunal Supremo rechazara el último recurso presentado por sus abogados. La ejecución ha causado un profundo malestar en México, donde el Gobierno ha denunciado que no se han respetado los acuerdos internacionales de asistencia y protección consular.

La muerte de Tamayo se ha producido a las 21.32 hora local (04.32 de la madrugada en España). El reo, condenado a muerte por el asesinato de un policía en 1994, había afirmado que estaba "listo" para morir porque 20 años en el corredor de la muerte "son demasiados". A su ejecución no asistió su familia pero sí parientes del agente asesinado, Guy Gaddis.

Pocos minutos después de la ejecución, la abogada de Tamayo, Sandra Babcock, ha acusado al gobernador de Tejas, Rick Perry, de "haber faltado al respeto a Tamayo, a Tejas, a México y a Estados Unidos". Y es que la pena capital se ha aplicado a pesar de las numerosas protestas de organizaciones políticas y sociales internacionales, como la OEA y Amnistía Internacional, que han denunciado la falta de un juicio justo y la discapacidad mental leve que sufría Tamayo.

Las distintas peticiones de los abogados del preso fueron rechazadas en menos de 24 horas y de forma consecutiva por un tribunal de Texas, la Junta de Perdones del estado, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleans y, finalmente, por el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Violación de la Convención de Viena

Según los abogados de la defensa, Tamayo nunca fue informado de su derecho a contar con la ayuda legal del consulado de México, recogido en la Convención de Viena, a la que está suscrito Estados Unidos. Además, el Tribunal Internacional de Justicia ordenó en el 2004 a Estados Unidos que revisara las condenas a muerte de aquellos presos cuyo derecho a la notificación consular hubiera sido violado, como en el caso de Tamayo. A pesar de esa resolución judicial, otros dos presos mexicanos en la misma situación han sido ejecutados en los últimos años.

Este hecho ha tensado en las últimas semanas las relaciones de los gobiernos de México y Estados Unidos, a pesar de que el propio secretario de Estado, John Kerry, llegó a exigir en diciembre pasado a las autoridades de Tejas que revisaran el caso de Tamayo debido a la violación de sus derechos consulares.

Tras la muerte de Tamayo, la cancillería mexicana ha denunciado que su muerte supone un desacato al fallo del Tribunal Internacional de Justicia dictado en el 2004 sobre el llamado 'caso Avena' y ha reclamado a EEUU que tome acciones efectivas y se evite que se ejecuten otras condenas similares.

Discapacidad mental

Otra circunstancia que alimentó todavía más las protestas de las organizaciones humanitarias fue la discapacidad mental leve que padecía el preso desde su adolescencia, y que fue diagnosticada por un psicólogo en el 2008. El Tribunal Supremo de Estados Unidos prohibió en el 2002 la ejecución de reos con discapacidad mental, pero cada estado determina a su manera si el preso cumple o no con los requisitos para ser considerado discapacitado.

La semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), exigió la suspensión de la pena por considerar que Estados Unidos había violado los derechos del preso mexicano a un juicio justo. Los gobiernos de Estados Unidos y de México han presionado a las autoridades de Texas hasta el último momento para evitar la ejecución, pero el gobernador de Tejas, Rick Perry, se negó a suspender la pena y mantuvo que el preso mexicano estaba "sujeto a las leyes estatales" y había tenido "un juicio justo".