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Maduro declara el "estado de emergencia económica" en Venezuela

La medida concede al Gobierno chavista poderes especiales, lo que se interpreta como un intento de puentear al parlamento

Maduro declara el "estado de emergencia económica" en Venezuela

REUTERS

Nicolás Maduro se dirige a sus ministros en el Palacio de Miraflores.

Viernes, 15 de enero del 2016 - 19:19 CET

El decreto, de 60 días de duración, tiene que contar con el visto bueno del Parlamento, que está en manos de la oposición

De aprobarse la medida, el Gobierno podrá obligar a las empresas a aumentar la producción y a requisar la distribución

Horas antes de presentar en la Asamblea Nacional (AN) su memoria y balance del turbulento 2015, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha decretado el estado de emergencia económica durante 60 días en todo el país.

La medida, que puede ser prolongada dos meses más, se ha publicado de forma escueta en la Gaceta Oficial y de inmediato ha provocado sorpresa y revuelo.

El Congreso, donde la oposición cuenta con mayoría calificada, recibirá en un plazo no mayor de ocho días el decreto con el que el Gobierno busca “proteger los derechos sociales de la educación, la salud, la vivienda y el deporte de todos los venezolanos”.

Es muy poco probable que la Asamblea Nacional  apruebe la medida. Quizá previendo ese rechazo y el inicio de un nuevo capítulo de los enfrentamientos con el Parlamento, Maduro ha remitido también el decreto al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), muy cercano al Gobierno, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad y vigencia.

El estado de emergencia  solo puede declararse ante “situaciones objetivas de suma gravedad”. En medio de una crisis sin precedentes en los 17 años de predominio bolivariano, el presidente considera que necesita otros instrumentos para enfrentarla y amplía sus facultades.

RESTRICCIÓN TEMPORAL

El decreto supone una restricción temporal de las garantías constitucionales  y “la ejecución, seguimiento, supervisión e inspección de las medidas que se adopten conforme a derecho”.

El flamante ministro de Economía Productiva,  Luis Salas, irrumpe en este escenario como piloto de una tormenta anunciada y que está marcada por inéditos niveles de inflación y, como contrapartida, una escasez que provoca enormes trastornos sociales y que selló la suerte electoral del chavismo en las elecciones del 6 de diciembre pasado.

Maduro no se ha cansado de decir que el  Gobierno hace frente a una “guerra económica” de la que acusa a la oposición de formar parte. El decreto de emergencia no es sino otra cosa que su respuesta y una previsible fuente de controversias con la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD).

“Queremos transmitir tranquilidad al pueblo venezolano. Las medidas  no buscan perjudicarlo: vamos a construir una Venezuela productiva e independiente como todos queremos”, ha dicho Salas. Las palabras del ministro han estado lejos de provocar el sosiego opositor.

El decreto es, en rigor, una respuesta a la “estrategia de desestabilización económica” que ha generado “un obstáculo en la ejecución del Plan de la Patria”.

POLÍTICAS DE COMBATE

Según se ha informado, el estado de emergencia económica le permitirá a Maduro diseñar políticas de combate a la evasión fiscal, asignar divisas a empresas públicas y privadas para estimular la producción nacional, estimular la inversión extranjera y la importación en un país que vive de la venta del petróleo. También el Gobierno puede obligar a las empresas aumentar la producción y si, lo considera oportuno, requisar su producción y distribución.

A la vez,  el Gobierno busca fortalecer sus políticas sociales y garantizarse el presupuesto de 2016, con la correspondiente asignación de recursos extraordinarios y “mitigar los efectos de una inflación inducida”.

En su punto noveno, y que será fuente de inmediata polémica, el decreto faculta al Ejecutivo a adoptar “todas las medidas necesarias para garantizar el acceso oportuno de la población a alimentos, medicinas y demás bienes de primera necesidad”.

Para tales fines, “podrá requerir de las personas naturales o jurídicas, propietarias o poseedoras, los medios de transporte, canales de distribución, centros de acopio, beneficiadoras, mataderos, bienes y demás establecimientos”.

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