Francia abandona formalmente el estado de emergencia el 1 de noviembre

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha firmado este lunes en su despacho del Elíseo la nueva ley antiterrorista que permitirá abandonar formalmente el 1 de noviembre el estado de emergencia bajo el que vive Francia desde los atentados del 13 de noviembre del 2015. "Esta ley permitirá salir del estado de emergencia garantizando plenamente la seguridad de nuestros ciudadanos", ha dicho Macron en una breve alocución ante las cámaras rodeada de solemnidad.

Minutos después, fue el ministro del Interior, Gérard Collomb, el encargado de desgranar los principales artículos de un texto que las asociaciones de defensa de derechos humanos consideran que perpetúa en la práctica el estado de emergencia, al trasponer al derecho común muchas de las medidas contempladas en ese régimen de excepción.

Entre los puntos más controvertidos figura el poder otorgado al Ministerio del Interior y a los prefectos (delegados del Gobierno), es decir a la autoridad administrativa, para ordenar arrestos, cerrar lugares de culto o realizar controles de identidad cerca de las fronteras sin la autorización previa de un juez.

La nueva ley amplía el perímetro de los arrestos domiciliarios. A partir de ahora, los individuos sometidos a vigilancia podrán moverse por un espacio no inferior al territorio de la comuna, de manera que puedan continuar con su vida familiar y profesional. Como ocurre bajo el estado de emergencia, se les podrá obligar a  presentarse periódicamente ante la policía a menos que acepten llevar un brazalete electrónico.

Registro administrativo

Otra disposición heredada del estado de emergencia es la posibilidad de que los prefectos ordenen un registro administrativo. En la nueva ley será necesaria, no obstante, la autorización previa de un juez de libertades y estar motivado únicamente para prevenir un acto terrorista.

El primer artículo del texto se refiere a la potestad de los prefectos para establecer perímetros de seguridad, controles de acceso, cacheos y registro de efectos personales en grandes acontecimientos culturales o deportivos. Si en el estado de emergencia bastaba una amenaza al orden público, ahora se requiere una amenaza terrorista fundada.

El Gobierno podrá, igualmente, cerrar lugares de culto en los que se llame a la violencia, el odio o la discriminación, o en los que se haga apología del terrorismo. Su clausura se hará bajo el control de un juez administrativo y durante un periodo máximo de seis meses. Actualmente, 11 lugares de culto permanecen cerrados por este motivo, ha informado Collomb. 

Funcionarios radicalizados

Para prevenir la amenaza terrorista, que Collomb considera hoy más "endógena" que "exógena" a raíz de la pérdida por parte del autodenominado Estado Islámico (EI) de los territorios que controlaba en Siria e Irak, se modifica el código de seguridad interior para tomar medidas en caso de detectarse signos de radicalización en funcionarios.

Un comportamiento sospechoso podrá conllevar la apertura de una investigación administrativa, recurriendo incluso a la información de los servicios secretos, especialmente en el caso del personal habilitado para portar armas o acceder a lugares sensibles, como centrales nucleares. A los funcionarios radicalizados se les podrá expulsar o cambiar de puesto.

La ley, aprobada el pasado 18 de octubre con un amplio respaldo del Parlamento, refuerza también los controles en las fronteras, extendiendo las zonas de control a las inmediaciones de estaciones, puertos y aeropuertos y ampliando de seis a doce horas la duración legal de los mismos. Este martes, Macron defenderá la nueva ley antiterrorista francesa ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.