Macri sintoniza con Trump y endurece las condiciones de entrada de extranjeros latinoamericanos a Argentina

Mauricio Macri es argentino de primera generación. Su padre, Franco, vino de Roma a los 18 años sin hablar castellano y construyó un imperio económico. Su primogénito, presidente, acaba de firmar un decreto que endurece la Ley de Migraciones en sintonía con los gestos de su colega Donald Trump. En un año electoral, el Gobierno ha fijado nuevos y estrictos requisitos orientados a dificultar la llegada al país de extranjeros con antecedentes penales. Pero organismos defensores de derechos humanos consideraron que subyace un intento de relacionar a migración con delincuencia.

El asesinato de un adolescente a manos de un joven peruano y los incidentes con vendedores informales, en su mayoría latinoamericanos, en una de las principales avenidas de la ciudad de Buenos Aires, preceden al decreto presidencial. Pero de ninguna manera representan una novedad en el pensamiento de Macri. En el 2010, ya se mostraba en contra de “una inmigración descontrolada”.  El entonces alcalde capitalino era enfático: “Haremos leyes que eviten esta situación, hay que demostrar coraje”. Como presidente le llegó el momento de hacerlo en un territorio con el 6% de extranjeros.

La vicepresidenta argentina, Gabriela Michetti, negó cualquier tipo de empatía con las actuales autoridades norteamericanas. “No somos como Donald Trump”, dijo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aportó otro enfoque de los acontecimientos.  “Vienen ciudadanos paraguayos o peruanos que se terminan matando por el control de la droga”, dijo sobre los 1.420 inmigrantes presos por narcotráfico, que representan un 0,07% del total. Las repercusiones de sus palabras obligaron a Bullrich a negar que se esté planeando construir un muro en la frontera con Bolivia.

"CONDENADOS O CUMPLIENTO CONDENA"

Por lo pronto, el decreto establece que no podrá ingresar ni permanecer en el país quien haya “sido condenado, esté cumpliendo condena, o tenga antecedentes”. Tampoco podrán hacerlo aquellos vinculados con “delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas”. La medida alcanza además a los participantes de cualquier acción susceptible de ser juzgado por la Corte Penal Internacional.

El decreto se fundamenta además en el crecimiento de la población carcelaria de origen extranjero. Bullrich se refirió también a la “concentración de extranjeros que cometen delitos de narcotráfico”.  Según Diego Morales, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el razonamiento es falaz porque el narcotráfico es un delito trasfronterizo. “Entre 40% y 50% de los argentinos presos en el extranjero lo están por narcotráfico. ¿Se podría decir que hay un problema de los argentinos narcotraficantes en todo el mundo? No”, argumenta Morales.

A fines del siglo XIX, Argentina aprobó una ley que fomentaba la inmigración europea: el pasaje lo pagaba el Gobierno. En 1902 llegó la ley de Residencia para poder expulsar a anarquistas y cualquiera involucrado en las luchas sociales. Entre 1910 y 2004 no existió ninguna ley migratoria. Siempre se tomaron decisiones por decreto, más abiertas durante el peronismo y regresivas bajo los regímenes militares. Durante el kirchnerismo dio luz verde a una ley por unanimidad que el actual Gobierno decidió corregir.