Lula denuncia el acoso de un sector judicial de Brasil y pide respeto a la Constitución

En medio de nuevas manifestaciones que lo tuvieron como objeto de escarnio, y con el fantasma del juicio político contra Dilma Rousseff cada vez más tangible, Luiz Inacio Lula da Silva se jugó este jueves por la noche una de sus últimas cartas políticas para evitar el colapso del Gobierno: escribió una carta personal al pueblo de Brasil. “Creo en las instituciones democráticas, la relación independiente y armoniosa entre los poderes del Estado, tal como se establece en la Constitución. De los integrantes del poder judicial espero, como todos los brasileños, la imparcialidad y la firmeza para hacer justicia y garantizar el cumplimiento de la ley y respetar el estado de derecho inquebrantable. También creo que los criterios de imparcialidad, equidad y el equilibrio que guían a los jueces a cargo de esta noble misión”.

La carta se conoce después de que asumiera como jefe de la Casa Civil (Ministerio de la Presidencia), una suerte de 'superministro' de Rousseff, y el juez Itagiba Catta Preta Neto, del Tribunal Federal de Brasilia, anulara el nombramiento. El Gobierno ha apelado ese dictamen. El magistrado, que participa activamente de las manifestaciones opositoras, y sube sus selfis a las redes sociales, consideró que el nombramiento de Lula, involucrado en casos de corrupción, puede obstaculizar investigaciones judiciales.

En un editorial titulado “La politización de la toga”, 'Jornal do Brasil' advirtió que el desempeño de los jueces en estos momentos de crisis institucional “deja preocupado a actores políticos, sociales y económicos” al actuar más allá de los “estrictos límites de la legalidad con el pretexto de realizar la voluntad del pueblo”.

VIOLACIÓN DE INTIMIDAD

La entrada del expresidente en el Gobierno enardeció a los 'caceroleros': sospechan que, de esta manera, se busca blindarlo ante la pertinaz acción del juez Sergio Moro, quien filtró conversaciones entre Lula y Rousseff que abonaron esas presunciones. “En las últimas semanas, como todo el mundo sabe, mi intimidad, la de mi esposa y mis hijos y mis compañeros de trabajo han sido violadas a través de filtraciones ilegales de información que deben estar bajo la custodia de la justicia. Se cometieron actos injustificables de violencia en contra de mi persona y mi familia”, aseguró Lula.

“Se me ha sustraído los derechos fundamentales por parte de agentes estatales, he expresado mi inconformidad en conversaciones personales, que nunca habrían excedido los límites de la confidencialidad de no haber sido expuestos públicamente por una decisión judicial que ofende a la ley y el derecho”. Para el flamante jefe de la Casa Civil, “los episodios tristes y vergonzosos de las últimas semanas no me harán dudar de la institución judicial. Tampoco me hacen perder la esperanza en el sentido de equilibrio de los miembros ministros de la Corte Suprema”.

Sonia Racy, columnista de 'Estado', el diario paulista que con mayor vehemencia ha pedido la cabeza de Rousseff, señaló que el regreso de Lula al Gobierno va “contra el deseo de la sociedad que se ha manifestado en forma clara: no quiere más a este Gobierno ni este partido (el de los Trabajadores)”.

JUICIO POLÍTICO EN EL HORIZONTE

En este contexto, la Cámara de Diputados aprobó la comisión especial encargada de analizar la validez o no del motivo para iniciar juicio político contra Rousseff. La presidenta tendrá 10 sesiones plenarias para exponer sus argumentos. Jovair Arantes, uno de los principales aliados presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, se desempeñará como relator de esa comisión. Cunha no solo es un enemigo declarado del Gobierno. Hace dos semanas fue declarado reo por la Corte Suprema en virtud de la existencia de cuentas abiertas en el exterior donde recibió sobornos de Petrobras por cinco millones de dólares.

Según Ilimar Franco, del diario 'O'Globo', la oposición ya celebra por adelantado la destitución de Rousseff. En rigor, el proceso no es tan sencillo. Si la Cámara de Diputados aprueba el 'impeachment', será el Senado el que tenga la última palabra. Todo dependerá de cómo se comporte el principal aliado del Gobierno, el centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que ya viene dando claras señales de que quiere abandonar el barco.