Los talibanes afganos han negado este martes cualquier implicación en la decapitación de 17 civiles, incluidas dos mujeres, que iban de boda en el sur del país, y han responsabilizado de la matanza a "lugareños armados borrachos".

Hombres afganos levantan sus armas jurando combatir a los talibanes en la provincia de Nangar, el lunes. ABDUL MEED | EFE

"Los muyahidines no conocían el incidente y obtuvieron la información a través de los medios de comunicación", ha explicado por teléfono un portavoz insurgente, Mohamed Yusuf Ahmadi.

Ahmadi ha reconocido que el lugar donde fueron hallados el lunes los cuerpos --en el distrito de Zamin Babur, en la provincia sureña de Helmand-- "está bajo control" de los talibanes, pero ha subrayado que la acción no fue perpetrada por este movimiento integrista islámico.

"Unos lugareños armados que estaban borrachos forzaron a dos niños a vestir ropa de mujer y a bailar en la fiesta de una boda, tras lo cual se inició un tiroteo entre ellos", ha agregado el portavoz.

Versión contradictoria

La versión de Ahmadi difiere notablemente de la ofrecida por las autoridades afganas, que sostienen que los civiles fueron decapitados por los insurgentes supuestamente por participar en una celebración con música y baile.

Diversas fuentes oficiales afganas han confirmado además que dos de las víctimas eran mujeres, mientras que los talibanes se refieren a menores con vestimenta femenina.

Los insurgentes suelen ofrecer casi de inmediato información sobre acontecimientos relevantes, aunque a menudo su versión no coincide plenamente con la realidad.

Régimen fundamentalista

Los talibanes luchan desde hace más de una década por derrocar al Gobierno afgano y forzar la salida de las tropas extranjeras del país para volver a instaurar un régimen fundamentalista islámico.

Durante su etapa el poder, en la segunda mitad de los 90, los talibanes ejecutaron castigos basados en una interpretación ultraortodoxa de la 'sharia' (ley islámica), algo que ahora también hacen en territorios bajo su control.

La decapitación denunciada por las autoridades no desentona con otras prácticas habituales de los insurgentes, que prohíben actividades como escuchar música o contactos entre hombres y mujeres no vinculados por matrimonio o familia.