Los niños se han convertido en víctimas y verdugos de la narcoguerra en México

La foto de Marcos, de solo siete meses de edad, muerto junto a su madre, de apenas 17 años, y su padre, de 24, a la puerta de una tienda de Pinotepa, en la costa de Oaxaca, ha mostrado de nuevo al mundo la cara más lacerante de la narcoguerra en la que sigue sumido México. El atentado era contra un jefecillo del narcotráfico, un tal Isidoro González, ‘el Isis’, pero es el bebé Marcos, al que todos han llamado “el Aylan mexicano”, el que se ha convertido junto a sus padres en la más icónica de las víctimas inocentes de las balaceras.

“Ya nos cansamos de tanta violencia”, afirman los vecinos de Pinotepa reunidos de noche en la plaza en torno a tres grandes corazones formados con velas. Al otro lado de Sierra Madre, donde Oaxaca se funde con Veracruz en el rio Tesechoacán, el pueblo de Playa Vicente se declara “en pie de lucha” tras la desaparición de cuatro jóvenes veinteañeros y una chica de 16 años, Susana Tapia, a manos de policías de Tierra Blanca. Detenidos y confesos, los seis polis solo pueden decir, porque les va la vida, que los entregaron al Cartel Jalisco Nueva Generación.

Desde esa desaparición forzada, el sufrimiento de los padres se multiplica con llamadas de autoridades y visitas de reconocimiento de restos humanos hallados en bolsas de plástico, barrancas y fosas clandestinas repartidas por Veracruz, o pertenencias de otras víctimas disueltas en bidones de ácido. “Le confirmo que las osamentas no son de sus hijos, son de animales”, le comunica una jefa policial a uno de los padres. Rodeados por los vecinos de Playa Vicente, ellos aún ruegan: “Que nos regresen a los hijos, son jóvenes buenos, no han hecho nada malo”.

LA LECCIÓN DE AYOTZINAPA

El presidente de la oficialista Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis González, considera: “los lamentables hechos de Tierra Blanca, Veracruz, significan que en los tres niveles de gobierno no se ha aprendido la lección de Ayotzinapa”. Al recordar la desaparición forzada de 43 alumnos de esa escuela de magisterio, el ombudsman mexicano vaticina que “mientras prevalezca la impunidad estos horrores se repetirán”. Dice que “es preciso encarar las desapariciones, fosas clandestinas, trata, abusos a migrantes, tortura, ejecuciones extrajudiciales, homicidios, agravios y ataques a periodistas y defensores de derechos humanos”.

Hasta que no surgen casos como el del bebé Marcos, los niños son los grandes olvidados. La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), que agrupa a 75 oenegés que trabajan con niños, denuncia que “aún no se ha reconocido el impacto que esta violencia tiene en la infancia”, la información oficial es “escasa y poco fiable” y ni siquiera hay “datos fehacientes sobre menores asesinados y desaparecidos”. Si la narcoguerra ha dejado en nueve años más de 150.000 muertos y unos 30.000 desaparecidos, son millares los menores muertos o desaparecidos.

Solo en Guerrero, el estado sureño más convulso, unas 40 escuelas están cerradas tras un mes de enero en el que distintos grupos criminales, vestidos de militares, secuestraron al menos a 35 personas, entre ellas varios niños. El otro día entraron a tiros en una fiesta de quinceañeros, la presentación de una chica en sociedad, y mataron a 12 personas; el mes pasado pararon una caravana de 15 vehículos de aldeanos que iban a una boda, mataron a tres y se llevaron a 17.

Como en todas las guerras, los niños son las víctimas más inocentes. Aquí también son verdugos forzados, ‘halcones’ centinelas y chivatos que serán pistoleros sicarios. “Se los lleva la leva del narco como hace un siglo se los llevaba la revolución”, dicen los ancianos. De eso si hay algunas cifras de escalofrío, reveladas hace poco por el Instituto Nacional Electoral (INE): decenas de miles de niños reclutados por la mafia, centenares de miles participando en actos violentos.

CIFRAS ESCALOFRIANTES

Junto a las elecciones legislativas de junio pasado, el INE realizó una consulta infantil y juvenil en la que participaron casi tres millones de menores. Ante las urnas, 46.000 de ellos afirmaron haber sido obligados a participar en grupos de la delincuencia y más de 200.000 haber participado en actos violentos. Claro que también 40.000 admitieron que fueron violados, 90.000 dijeron sufrir violencia doméstica y 330.000 estar iniciados en el consumo de drogas. En su mayoría, los niños desconfían del Gobierno y no se sienten seguros en las calles, ni en la escuela. Como otras, la ley de protección a la infancia, de hace un año, no ha mejorado prevención ni percepciones.

Esos niños participaron en la consulta mientras sus padres votaban. Pero ya nadie sabe cuántos no lo hicieron porque son huérfanos de esta guerra. Según los cálculos de los sociólogos, “si son 150.000 los muertos deben de ser más de 200.000 los huérfanos que han dejado y más de dos millones los familiares directamente afectados por su pérdida”. Solo unos miles de huérfanos reciben apoyo, singularmente en lugares rehabilitados tras tocar fondo, como Ciudad Juárez.

La foto de Marcos, muerto a tiros junto a sus jóvenes padres, impacta en las redes sociales, mientras en Playa Vicente aún se confía en encontrar a Susana y sus cuatro amigos, desaparecidos por policías y narcos. Con rampante crudeza, la narcoguerra sigue.