INDEMNIZACIÓN DE INJUSTICIAS

Los jueces de Italia pagarán por sus errores hasta la mitad del sueldo mensual

Los magistrados rebaten que "es una reforma contra las garantías de los ciudadanos y la independencia judicial"

ROSSEND DOMÈNECH / ROMA

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El Parlamento italiano ha aprobado definitivamente la ley sobre la responsabilidad civil de los jueces que se equivoquen en su actividad y ha establecido que el Estado incaute para las indemnizaciones hasta la mitad del sueldo neto mensual, frente a una tercera parte prevista por la ley anterior. La reforma ha sido aprobada por 265 votos a favor, 51 en contra y 63 abstenciones, después de otra ley que ha reducido de 45 a 30 los días de vacaciones de los magistrados.

La nueva ley deja invariada la vieja norma sobre las indemnizaciones a pagar en los casos de órdenes de prisión preventiva no necesarios, errores manifiestos fraudes cometidos por los jueces, que hayan sido demostrados, las cuales serán pagadas por el Estado, ante quien deberán ser presentados los recursos. Sin embargo, la novedad es que sucesivamente (antes de dos años) el Gobierno tendrá la obligación de valerse económicamente del sueldo neto del magistrado, mientras que la norma anterior decía solo que el Estado “podía” valerse. En caso de fraude probado, el Estado podrá exigir que el magistrado pague la indemnización entera de golpe.

La nueva ley deja en vigor el actual sistema de indemnizaciones en los casos de injusta prisión preventiva y error judicial, por los que desde 1991 hasta el 2014 el Estado italiano ha liquidado 23.226 recursos, desembolsando más de 600 millones de euros.

CULPA GRAVE Y FRAUDE

La norma establece que el Estado podrá valerse sobre el sueldo entero de los magistrados en los casos de “culpa grave, como la negación de la justicia, fraude y negligencia inexcusable”. Entiende por culpa grave la negación, por parte del magistrado, de un hecho que realmente se haya producido y también la alteración o falsificación del hecho o de las pruebas. También será considerado culpa grave el arresto preventivo fuera de los casos previstos por la ley o sin que el mismo haya sido motivado. Quedan excluidos los eventuales errores en los casos en los que el magistrado haya tenido que interpretar y no solo aplicar la ley en vigor.

La asociación nacional de los magistrados (ANM) ha manifestado su protesta y se ha reservado la realización de formas de protesta. “Es una reforma que cercena las garantías de los ciudadanos”, ha declarado Rodolfo Sabelli, residente del ANM, según el que la “parte más fuerte” podrá “altrerar el equilibrio del proceso”. “Se producirá un “excesivo recurso para obtener las indemnizaciones”, ha dicho, razón por la que ANM se ha declarado dispuesta a “verificar atentamente” la cantidad y tipo de recursos que a partir de ahora se presentarán. El peligro, según ellos, es que, frente al miedo a pagar una eventual indeminación, “el juez no ejerza su poder con independencia”. 

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