Los estudiantes se movilizaron para pedir cambios educativos y políticos

“Este debe ser el momento en que Chile entero diga ¡basta!, y retome las riendas de su futuro”.  Valentina Saavedra, líder de los estudiantes, lanzó así la primera advertencia en las calles a la presidenta Michelle Bachelet. La movilización en el centro de Santiago de unas 180.000 personas, que terminó con 134 detenidos, tuvo dos ejes: la timidez de la reforma educativa y los casos de corrupción que sacaron a luz los lazos entre política y dinero. El hecho más fuerte involucra a la derecha. El segundo, una denuncia de tráficos de influencias, tiene a Sebastián Dávalos, hijo mayor de Bachelet, y su esposa,  en el centro de la escena. Pero dirigentes estudiantiles, que fueron una fuerza clave para que la coalición de centro izquierda Nueva Mayoría llegue al Gobierno, creen que ambos episodios hablan de la urgencia de nuevas reglas de juego.

“No tenemos poderes fácticos detrás ni tampoco poderes económicos que nos dirijan”, dijo Saavedra y avisó que habrá más marchas.

Por su parte, Nicolás Fernández, de la Federación de estudiantes de la Universidad Diego Portales, dijo: “como universidades privadas no queremos más corruptos en nuestras directivas. Tampoco queremos más universidades privadas, queremos universidades públicas”.“Que se vayan todos los políticos”, reclamó en tanto la dirigente de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Claudia Arévalo.

CAMBIO DE SENSIBILIDAD

La sensibilidad de muchos chilenos se ha transfigurado desde que estallaron los casos Penta y el “Nueragate”.   Los dueños del Grupo Penta, valuado en los 10 mil millones de dólares, están implicados en un caso de evasión de impuestos y financiamiento irregular de la política que salpica a su vez a la derecha más pinochetista, la Unión Democrática Independiente (UDI). Pero el “Nueragate”, que puso en la picota a Dávalos, entonces funcionario del Gobierno de su madre, y su esposa Natalia Compagnon, por la obtención de un millonario crédito, mostró a la sociedad que el problema excedía a los conservadores.

“Quiero reiterar lo que ha sido la postura de mi gobierno frente a cualquier tipo de situación. Primero, que se investigue a fondo todo lo que haya que investigar. Segundo, que no se presuma culpable a las personas ante cualquier acusación. Tiene que ser la justicia la que determine quién actuó bien y quien actuó mal, en cada caso. Porque aquí todos somos iguales ante la ley”, pidió ayer Bachelet.

Una encuesta de la consultora  Adimark estimó que estos hechos  “han producido fuerte impacto en la opinión pública” y afectaron “a la clase política en general, y muy particularmente a algo que hasta ahora parecía incombustible: la figura de la Presidenta”. La popularidad de Bachelet no supera, en el mejor de los casos, un 37%.

La crisis de credibilidad llevó a todos los partidos, desde la UDI a los comunistas a compartir un documento. “Asumimos la indignación que existe en la ciudadanía frente a conductas reñidas con la ética, en el sector público y privado, y nos dejamos interpelar como partidos políticos, de gobierno y oposición”, se señala.  “Sorprende porque son escasísimas las oportunidades históricas en que podemos ver militarismo de derechas (cercano al fascismo) y marxismo poniéndose de acuerdo y suscribiendo públicamente un mismo documento”, señaló Pedro Santander en una columna que publicó en el portal El Mostrador y que se titular “El bloque del orden ya tiene sus partidos”.

El malestar es tan extendido que otra encuesta conocida a principios de esta semana da cuenta que un 62% de los entrevistados piensa que las empresas privadas no gozan del respeto de la ciudadanía. Un 74% asevera en tanto que la corrupción existe entre ellas y un 77% les reclama responsabilidad social. Otro 66% confesó haber dejado de comprar productos o adquirir servicios de empresas cuestionadas por la opinión pública.