En 1985, a los dos años de haber concluido la dictadura militar, se estrenó en los cines argentinos La historia oficial. La película de Luis Puenzo contaba cómo una despreocupada madre de la clase media toma conciencia de que su hija adoptiva había sido parte de «un botín de guerra». Así descubre que un represor se la había entregado a su esposo colaboracionista con complicidad eclesiástica.

Expectación 8 Unos manifestantes escucharon con pancartas la sentencia en Buenos Aires. EFE / ENRIQUE GARCÍA MEDINA

Videla 8 El exdictador, con la mirada perdida, durante la sentencia. AFP / JUAN MABROMATA

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Información publicada en la página 16 de la sección de Mundo de la edición impresa del día 07 de julio de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

El filme provocó alto impacto dentro y fuera del país: obtuvo el Oscar a la mejor producción extranjera y el Globo de Oro. Para entonces, la justicia, maniatada por las presiones castrenses, no pudo ir más lejos de lo que se decía y señalaba en la pantalla. Tuvieron que pasar 27 años para que un tribunal demostrara que la sustracción de menores fue una «práctica sistemática y generalizada».

Cuando en la fría tarde del jueves la presidenta del Tribunal Oral Federal 6, María del Carmen Roqueta, concluyó con el dictamen, el silencio sobrecogedor se quebró como una hoja seca. En la sala y afuera del edificio, nietos recuperados y abuelas octogenarias que los buscaron incansablemente, abogados querellantes y sobrevivientes del terror, se abrazaron y lloraron. Esta vez, sin rabia. «Es un día memorable para Argentina y todo el mundo civilizado que sabe que en un país donde no hay justicia, no puede haber democracia», dijo Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

«Terroristas aniquilados»

El dictador Jorge Videla, que ya purga cárcel común por otros crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983, abandonó el tribunal con la mirada perdida. Había recibido la máxima pena: una de 50 años y otra de cadeba perpetua por ser el principal responsable de una política llevada a cabo en «el marco de un plan general de aniquilación que desplegó sobre parte de la población civil». Detrás suyo caminó Reynaldo Bignone, el último de los dictadores, que quiso (y no pudo) tapar la barbarie con una ley de amnistía. Lo habían sentenciado a 15 años de cárcel.

Otros represores les siguieron en fila india, cabizbajos. Entre ellos, Santiago Omar Riveros, quien en los años oscuros afirmó que en Argentina «no hubo desaparecidos, sino terroristas aniquilados en el marco de una guerra revolucionaria, y por tanto irregular». Sobre su espalda cayeron 20 años de cárcel. Como Riveros, otros señores de la muerte recibieron también condenas históricas.

El juicio tuvo algo de proeza. En 1997 estaban clausuradas todas las posibilidades de investigar a los militares. Las leyes de impunidad les garantizaban a los represores un retiro sosegado. Pero los organismos defensores de derechos humanos encontraron un resquicio legal para volver a abrir los procesos: el robo de hijos de desaparecidos es un crimen de carácter imprescriptible. Quince años más tarde se escuchó la sentencia.

El Tribunal Oral Federal 6 pudo reconstruir cómo funcionaron los centros de maternidad que los militares habilitaron en los campos de concentración y dio por probado los casos de los niños que allí nacieron y que aún no se han reencontrado con sus familias biológicas porque les robaron sus identidades. Se estima que durante la dictadura fueron robados unos 500 chicos, la mayoría de opositoras políticas capturadas embarazadas. Hasta la fecha se recuperaron 105.

Carlotto, la presidenta de Abuelas, se sentó en la sala al lado de Francisco Madariaga, quien denunció a quien creía sus padres legales, el excapitán del Ejército Víctor Gallo y Susana Colombo. Gallo recibió 15 años de cárcel. Colombo, 5. El Tribunal consideró que el silencio de la apropiadora fue producto de la violencia de género. «No tuve la partida de nacimiento de los chicos, no elegía los nombres, nunca tuve la escritura de la casa, vivía aislada en el barrio militar donde uno vive y se calla la boca», dijo ella en el juicio. Francisco Madariaga, padre de Francisco, y único padre sobreviviente de los 35 casos revisados durante el juicio, la escuchó perplejo, cogido de la mano de su hijo recuperado.

En la fría noche de Buenos Aires, después que todo había terminado, Taty Almeida, dirigente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, volvió a comprobar el sentido de la larga espera. Y recordó que, en Argentina, nunca hubo justicia por mano propia. Los autores de hechos aberrantes «tuvieron un juicio justo en plena luz del día».