Londres desata la polémica con la nueva legislación antiterrorista

El proyecto de ley con nuevas medidas antiterroristas presentado por el Gobierno de David Cameron, ha sido recibido con críticas sobre su legalidad y dudas sobre su viabilidad. El séptimo reforzamiento de la legislación para combatir el terrorismo desde el año 2000 va especialmente dirigido contra los yihadistas, ante el surgimiento del Estado Islámico.

El texto está diseñado para impedir la salida del país de extremistas británicos que intenten marchar a luchar a Siria o Irak y para prohibir la entrada a los veteranos en estos conflictos que quieran retornar. Los pasaportes de posibles sospechosos pueden ser cancelados durante un máximo de 30 días en la misma frontera. Para poder volver, los yihadistas británicos deberán aceptar quedar bajo la vigilancia y el control de los servicios de seguridad. Expertos en Derecho, oenegés y asociaciones proderechos civiles han calificado el proyecto de,«desproporcionado», «peligroso» e «inviable».

Restricción de movimientos

El paquete de nuevas medidas defendido en la Cámara de los Comunes por la ministra del Interior, Theresa May,  permitirá a las autoridades forzar el destierro de los sospechosos a otra parte del país y restringir sus movimiento, confinándoles a un área determinada. Las  aerolíneas estarán obligadas  a pasar a las autoridades de una manera eficiente y con antelación los datos de sus pasajeros, o de lo contrario serán penalizadas.

También se prohibirá a las compañías de seguros cubrir el pago de rescates en los casos de secuestros. Las empresas de comunicación también deberán facilitar datos que permitan a la policía identificar a los usuarios de ordenadores o de teléfonos móviles. También se insta a las autoridades académicas y a responsables de ayuntamientos y prisiones a proporcionar  información sobre extremistas que caigan bajo su radar, a fin de frenar la propaganda y radicalización de los ciudadanos.

El gran desafío

May cree plenamente justificado el reforzamiento de la legislación, en un momento en el que las autoridades repiten que la amenaza terrorista contra el Reino Unido es mayor que nunca. «Estamos en el medio de una lucha generacional contra  una ideología terrorista asesina. Estos poderes son esenciales para enfrentarnos con los muy serios y rápidos cambios a los que nos enfrentamos», señaló May.

El proyecto de ley divide al Parlamento y a los propios asesores del Gobierno en materia de legislación antiterrorista. Uno de ellos, el letrado David Anderson, explicó que su «principal preocupación», es que no sabe «donde están los tribunales», a la hora de  prohibir la entrada al país, o requisar el pasaporte de alguien, cuando Interior lo decida.  «Hay que mirar muy bien si un poder así requiere la intervención de un tribunal en algún momento, o si la idea es que sea algo que impone la ministra del Interior».

La directora de la oenegé Liberty, Shami Chakrabarti considera que «tratar a los ciudadanos sospechosos como desechos tóxicos es una manera muy extraña de hacer respetar la ley».  Amnistía Internacional ha advertido que la normativa puede ser inaceptable desde el punto de vista de la legislación internacional, ya que transforma a los ciudadanos británicos en apátridas.