Los dirigentes de las instituciones de la Unión Europea (UE) instaron ayer al primer ministro rumano, el socialdemócrata Victor Ponta, a restablecer los plenos poderes al Tribunal Constitucional y a garantizar la independencia del sistema judicial del país tras la crisis política abierta por la abrupta destitución parlamentaria del presidente rumano, el conservador Traian Basescu. La Comisión Europea amenazó con reprobar la gestión gubernamental en el informe que debe emitir la semana próxima, en aplicación del mecanismo de tutela que la UE ejerce sobre el país desde su mal preparada adhesión en el 2007.

El primer ministro rumano, Victor Ponta, ayer a su llegada a las instituciones comunitarias en Bruselas. AFP / GEORGES GOBET

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Información publicada en la página 16 de la sección de Mundo de la edición impresa del día 13 de julio de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

La expeditiva destitución de Basescu, acusado por el Gobierno de extralimitarse en sus funciones y de violar la Constitución, alarmó a las instituciones europeas dominadas por el Partido Popular Europeo, al que pertenece Basescu. La reducción por decreto de los poderes del Tribunal Constitucional y la destitución del Defensor del Pueblo alimentó las críticas de las instituciones europeas, incluso después de que el Constitucional avalara la revocación de Basescu. El Constitucional, no obstante, indicó que el referendo del 29 de julio que debe ratificar la destitución necesita una participación del 50% para que sea válido.

OFENSIVA PARA DISIPAR DUDAS / Ponta prometió en Bruselas «cumplir inmediatamente» las demandas de la UE para disipar las dudas sobre el comportamiento democrático de la nueva mayoría parlamentaria Unión Social Liberal, que dirige el país tras el colapso en mayo de la mayoría gubernamental encabezada por el Partido Liberal Demócrata de Basescu. La Unión Social Liberal, que lidera Ponta, es fruto de la alianza del Partido Socialdemócrata, el Partido Nacional Liberal y el Partido Conservador.

Porta, tras entrevistarse el miércoles con el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, se reunió ayer sucesivamente con el presidente de la UE, Herman van Rompuy, y el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso. Porta aspiraba con esta visita a Bruselas contrarrestar lo que considera una campaña de difamación política emprendida por los aliados políticos europeos de Basescu.

El primer ministro rumano pidió a Van Rompuy y a Barroso que se juzgue la gestión de su Gobierno y su mayoría parlamentaria por sus actos, no por «la propaganda política» contra ellos. Pero no tuvo demasiado éxito. Van Rompuy y Barroso, además, se negaron a comparecer junto a Porta ante la prensa y no se celebraron las habituales declaraciones ante los medios de comunicación que se producen en este tipo de visitas institucionales.

Van Rompuy expresó a Ponta «su profunda preocupación por los actuales acontecimientos políticos en Rumania», en especial en relación con «el Estado de derecho y la independencia del sistema judicial», según precisó Van Rompuy en un comunicado oficial. Porta no logró convencer a Van Rompuy, que le recomendó «entablar un diálogo constructivo con la Comisión Europea y abordar las cuestiones identificadas como problemáticas por la Comisión Europea».

EXIGENCIAS DE BRUSELAS / Barroso reclamó a Ponta «respetar la independencia del sistema judicial, restaurar los poderes del Tribunal Constitucional y que sus decisiones se respeten y nombrar un nuevo Defensor del Pueblo que cuente con un respaldo de los diferentes partidos», según indicó posteriormente la Comisión Europea.

Barroso también reclamó a Ponta que garantice un procedimiento abierto y transparente para la designación del fiscal general y del director de la oficina anticorrupción. Barroso exigió asimismo a Ponta que confirmara por escrito sus compromisos de forma urgente y le advirtió que la Comisión Europea «tendrá en cuenta los últimos acontecimientos» en el país al elaborar el informe que presentará el próximo 18 de julio sobre el respeto de sus obligaciones como miembro de la UE.