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CULTURAS MILENARIAS EN AMÉRICA LATINA

Justicia en versión indígena

La muerte de cuatro policías de Bolivia a manos de un grupo aymara cuestiona la potestad de las comunidades de imponer leyes

El 47% de los bolivianos son indios

Lunes, 5 de julio del 2010 Imprimir Enviar esta noticia Aumentar/ Reducir texto
ABEL GILBERT
BUENOS AIRES
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Eran cuatro policías de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (DIPROVE) del departamento andino de Oruro y se encargaban supuestamente de luchar contra el contrabando de autos en la frontera con Chile. Un día se esfumaron. Y días más tarde aparecieron muertos.

Ataúd 8 Llegada del cadáver de un policía a la morgue en Oruro. EFE / STRINGER

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Información publicada en la página 16 de la sección de Mundo de la edición impresa del día 05 de julio de 2010 VER ARCHIVO (.PDF)

Habían sido linchados por indígenas de los «ayllus guerreros» (clanes aymarás) de Potosí que acusaban a los agentes de haber matado a seis pobladores en los últimos años y ser extorsionadores. Los familiares de los policías tardaron casi dos semanas en recuperar sus cuerpos. Habían sido enterrados boca abajo para que el alma de los difuntos no persiguiera a los asesinos. Fueron devueltos tras el compromiso de que los autores de los asesinatos no sean denunciados.

La noticia de aquellos linchamientos estremeció a La Paz días atrás. No eran los primeros ni serían los últimos. Los episodios adquirieron mayor relevancia al coincidir con la aprobación en el Congreso de la Ley del Órgano Judicial que consagra la «justicia originaria» en paralelo a los tribunales ordinarios. Esta arbitrará los conflictos con dosis de chicotes (latigazos), admoniciones en nombre las fuerzas de la naturaleza y trabajos comunitarios o el destierro, según la falta cometida.

En Bolivia existen 36 comunidades y representan al 47% del país. En virtud de la Carta Magna vigente desde 2009 y la nueva legislación, cada pueblo originario tendrá el derecho a arbitrar justicia según su propio protocolo milenario. Así lo reconoció el mes pasado el viceministro de Justicia Indígena Eddy Burgoa, al diario La Razón de La Paz.

El mismo Gobierno que sueña con lanzar al espacio un satélite con el nombre de un indígena que se rebeló contra las autoridades coloniales, Tupac Katari, discute a estas horas hasta dónde llega el imperio de las costumbres ancestrales. El Congreso se apresta a discutir un proyecto de Ley de Deslinde (límite) Jurisdiccional para que cada comunidad haga valer su sistema de penalizaciones. «Va a ser difícil delimitar esto en una norma», advirtió el constitucionalista Óscar Davezies. Hay procedimientos diversos..

Organización jerárquica

En el Occidente boliviano (el altiplano) los consejos de ayllus aplican la justicia a través de sus jerarquías (jilankos, segunda mayor, mallku, kura mallku, apu mallku y el jiliry mallku). Mientras, en Oriente las estructuras son diferentes: corregidor, caciques, segundo cacique y comisarios.

Los hechos protagonizados por los ayllus de Potosí obligaron a un Parlamento dominado el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales, a hacer explícito el rechazo de la «justicia comunitaria» a toda forma de venganza.

Pero la aclaración no ha acallado los resquemores. La diputada de Unidad Nacional (formación de derechas), Elizabeth Reyes, teme que persista la confusión: «¿Cuándo va a intervenir la justicia comunitaria? ¿En caso de delitos menores o cuestiones que atentan contra el mismo Estado, como el narcotráfico y el contrabando?».

La reivindicación de la «justicia comunitaria» y su rango constitucional no habría sido posible sin el ascenso al Gobierno de Morales. Ahora los mallkus (autoridades) pueden hacer respetar sus normas donde el Estado apenas tiene presencia testimonial.

Desprestigio

Allí valdría más la palabra de los amautas (sabios) que la de un representante del poder que viene de La Paz. La apología de los usos ancestrales está a su vez relacionada con el desprestigio de los tribunales «tradicionales», la demora de los procesos y los honorarios que han cobrado los abogados a los indígenas. La «justicia comunitaria» es, en cambio, gratuita, rápida y eficaz porque no se basa, según sus defensores, en los principios del orden jurídico occidental y racista.

El politólogo Jorge Lazarte opina lo contrario: «La justicia comunitaria real contradice los argumentos edulcorados de sus partidarios intelectuales y urbanos, que han idealizado lo que en los hechos tiene mucho de cuestionable desde el punto de vista de derechos humanos ». O como advirtió La Razón en su editorial: «Dirigentes, políticos y autoridades se han esforzado en aclarar que lo ocurrido en el norte de Potosí no es justicia comunitaria. Lo que no se atreven a reconocer es que los linchamientos se están volviendo moneda corriente donde, precisamente, se estimula la aplicación de aquel tipo de justicia».

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