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La justicia uruguaya defiende la caducidad de los delitos cometidos durante la última dictadura

Dos excoroneles pueden quedar impunes de los delitos de violación de derechos humanos

ABEL GILBERT / Buenos Aires

Sábado, 23 de febrero del 2013 - 22.28 h

Uruguay quedó el viernes por la noche otra vez más lejos de la posibilidad de investigar qué ocurrió durante la última dictadura cívico-militar. El Tribunal Supremo (SCJ) consideró que es inconstitucional una ley que, dos años atrás, había determinado que los delitos cometidos entre 1973 y 1985 eran imprescriptibles.

Los integrantes de la máxima instancia judicial respondieron de una manera sorprendente a la petición formulada por dos excoroneles, Rudyard Scioscia y Mario Cola, quienes invocaron la vigencia de la polémica Ley de Caducidad, para no ser encausados por su responsabilidad en casos de violaciones a los derechos humanos.

El Frente Amplio (FA, en el poder) repudió el dictamen. Algunos de sus dirigentes pidieron el juicio político de los supremos. El Movimiento de Participación Popular (MPP), una de las principales agrupaciones del FA, a la que pertenece el presidente uruguayo, José Mujica, sostuvo que los cuatros magistrados que votaron a favor serán "responsables de la impunidad en Uruguay" y a "las consecuencias internas e internacionales a las que queda expuesta la República".

La incógnita

La gran incógnita que reinaba en Montevideo es si el fallo del SCJ sienta jurisprudencia o responde a un caso puntual. "Lo que la Corte hace es declarar inaplicables dos artículos en un caso concreto. Ahora los jueces dirán de qué modo esa declaración incide en cada proceso", explicó Raúl Oxandarabat, portavoz de la SCJ.

Los artículos cuestionados declaraban los delitos represivos "crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales". Dado su carácter, "no se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad" para su juicio.

Juicios frenados

Dos años atrás, el Congreso buscó derogar de hecho una norma de 1986 que frenó durante años los juicios a militares por violaciones de los derechos humanos. De esta manera se ha buscado con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordenó a Uruguay investigar y juzgar los delitos de la dictadura.

La decisión de la SCJ se conoce una semana después de otra decisión controvertida: el a la órbita civil de una jueza penal a cargo de decenas de casos de violaciones de derechos humanos. La magistrada Mariana Mota tenía a su cargo más de 40 casos muy sensibles.

Desaparecidos en la dictadura

Durante la dictadura desaparecieron 120 personas, pero miles fueron presos, torturados o debieron marchar al exilio. La transición a la democracia tuvo un costo elevado: la llamada Ley de Caducidad. En 1989 y 2009 se intentó derogar la norma mediante dos consultas populares. En ambas ocasiones se impuso, aunque por un pequeño margen, la continuidad de la ley.

A pesar de esos reveses, en los últimos años se abrieron algunos resquicios en el muro de la impunidad y fueron encarcelados cerca de una decena de exmilitares y policías, además de dos exdictadores, Juan María Bordaberry (ya fallecido) y Gregorio Alvarez.

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