El dirigente de Nuevas Generaciones del Partido Popular (PP) Angel Carromero se sentará hoy ante un tribunal de la localidad cubana de Bayemo, en el sureste de la isla, para responder judicialmente por el presunto homicidio imprudente de los opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero, fallecidos en julio en un accidente de tráfico.

Una mujer limpia la entrada del juzgado donde este viernes empezará el juicio contra Ángel Carromero, en Bayamo (Cuba). Franklin Reyes | AP

El juicio, "oral y público" se desarrollará en la sala primera de los penal del Tribunal Provincial Popular de Granma y comenzará a las nueve de la mañana hora local (tres de la tarde en España). La Fiscalía solicita para Carromero una pena de siete años de cárcel -tres años y medio por cada víctima-- por su responsabilidad en la muerte de Payá y Cepero, que fallecieron el pasado 22 de julio cuando el vehículo que conducía Carromero se salió de la carretera. En el coche viajaba también el joven político sueco Jens Aron Modig, que inicialmente fue retenido por las autoridades cubanas pero pudo volver a los pocos días a su país. Modig alegó que dormía en el momento del siniestro y dijo tener recuerdos borrosos.

El dirigente de Nuevas Generaciones ha permanecido desde finales de julio en prisión provisional en un centro de seguridad del Estado en la capital cubana. El equipo de abogados contratado por la familia forma parte del Bufete Internacional de La Habana, según fuentes de la disidencia.

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García Margallo, se ha declarado hoy confiado en que el proceso se mantenga por el cauce judicial. "No tengo ninguna razón para pensar lo contrario", ha declarado a los periodistas en el Senado. García Margallo y su homólogo cubano Bruno Rodríguez se reunieron el pasado 27 de septiembre en los márgenes de la Asamblea General de la ONU y abordaron la situación de Carromero.

Si Carromero fuera condenado y el régimen castrista no quisiera expulsarle, podría beneficiarse de un convenio bilateral entre los dos países por el que podría cumplir la condena en España.