Juez salvadoreño inspeccionará zona en la que Ejército masacró 200 civiles

Un juez de El Salvador inspeccionará el próximo viernes la zona en la que el Ejército salvadoreño masacró a 200 civiles en 1982, informó hoy el portavoz de una organización que apoya a los familiares de las víctimas y supervivientes.

En la inspección judicial estarán presentes representantes de la Fiscalía y de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDDH).

La fuente, de la organización no gubernamental Cristosal, señaló que esta inspección, en el departamento central de San Vicente, es una "especie de reconstrucción de los hechos" y corresponde a "una de las primeras órdenes emitidas por el juez de la causa".

Añadió que a la inspección también asistirán algunos de los familiares de las víctimas y supervivientes de la matanza, cuyo proceso fue reabierto por orden de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema del país centroamericano.

El informante explicó que Cristosal y la organización de derechos humanos Madeleine Lagadec iniciaron acciones conjuntas para que este caso se reactivara.

El 15 de noviembre de 2017, el Constitucional dictó la reapertura de la investigación sobre la masacre de 200 civiles perpetrada por el Ejército en agosto de 1982 como parte de una operación contrainsurgente durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992).

La reapertura fue en respuesta a un recurso de amparo presentado por un superviviente y familiares de víctimas de la matanza, conocida como de "El Calabozo", ante una jueza que en 2006 negó el "desarchivo" del proceso penal iniciado en 1992.

Según el Informe de la Comisión de la Verdad, el 7 de agosto de 1982 el batallón Atlacatl inició un "vasto operativo militar antiguerrillero" con unos 6.000 efectivos.

Los habitantes de las localidades de la zona huyeron de sus casas "por miedo a los bombardeos y a la violencia de los soldados" y se congregaron en el sitio conocido como El Calabozo, donde "fueron ametrallados" a mansalva.

El batallón Atlacatl también es señalado por la masacre de unos 1.000 campesinos en el caserío El Mozote, en 1981, por la que diez altos mandos del Ejército de esa época están ahora imputados.