Hollande prepara una ley para prorrogar el estado de emergencia decretado tras el 13-N

Soldados franceses patrullan por las calles de París.

Soldados franceses patrullan por las calles de París. / periodico

EVA CANTÓN/PARÍS

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Una de las primeras medidas adoptadas por el presidente francés, François Hollande, tras los sangrientos ataques de París fue decretar el estado de emergencia en todo el país amparándose en la ley de 1955, que prevé la suspensión de determinadas libertades públicas “en caso de un peligro inminente derivado de atentados graves contra el orden público” durante un periodo máximo de 12 días.

La elevada amenaza terrorista y la celebración de la cumbre del clima facilitaron que el Parlamento aprobara el 20 de noviembre y casi por unanimidad prolongar tres meses, hasta el próximo 26 de febrero, el estado de emergencia.

Este dispositivo refuerza notablemente el poder de la policía y permite, entre otras cosas, los registros administrativos sin permiso judicial a cualquier hora del día o de la noche, los arrestos domiciliarios y la prohibición de manifestaciones en el espacio público.

DIVISIÓN POLÍTICA

Cuando queda poco más de un mes para que expire, y mientras se debate la inclusión del estado de emergencia en el texto constitucional de la V República, la posibilidad de una segunda prórroga más allá del 26 de febrero divide a la clase política y alarma a los defensores de los derechos civiles.

Sin embargo, según ha dado a entender este jueves Hollande a los presidentes de la Asamblea Nacional y del Senado, Claude Bartolone y Gérard Larcher, respectivamente, es “muy probable” que se extienda. De hecho, el Gobierno prepara una ley que presentará en el consejo de ministros la primera semana de febrero.

Aunque siete de cada diez franceses son partidarios de mantener este dispositivo, algunos parlamentarios cuestionan su necesidad cuando la mayoría de registros y detenciones se practicaron en las dos semanas que siguieron a los atentados y el efecto sorpresa ya ha desaparecido.

Además, mantener el estado de emergencia dos meses después de haberse decretado “constituye un atentado grave y manifiestamente ilegal frente a varias libertades fundamentales”, en opinión de la Liga de Derechos Humanos (LDH), que este martes ha solicitado al Consejo de Estado poner fin al régimen de excepción. La alta jurisdicción administrativa francesa examinará la petición de la LDH el 26 de enero.Varios relatores  de la ONU han pedido también que no se prorrogue por más tiempo el estado de emergencia, que incluye "restricciones excesivas y desproporcionadas" de libertades fundamentales.

ASPECTOS JURÍDICOS

Más allá de los aspectos jurídicos, mantener o suprimir el estado de emergencia tiene también sus consecuencias políticas. “Si lo suspendemos y volvemos a tener una oleada terrorista será muy fácil acusarnos de ingenuos o irresponsables”, argumentan algunos diputados socialistas.

No obstante, la persistencia de la amenaza no es un criterio contemplado en la ley de 1955. Si así fuera, recuerda la LDH, equivaldría a “perpetuar” un régimen de excepción en nombre de la lucha contra el terrorismo y por lo tanto "renunciar definitivamente al estado de derecho".

En cualquier caso, el Parlamento deberá votar antes del 26 de febrero si prolonga o no el decreto. El entorno del presidente de la Asamblea Nacional sugiere que podría optarse por prórrogas sucesivas, de tres en tres meses, al menos hasta la final de la Eurocopa de Fútbol que se celebrará el 10 de julio en el Estadio de Francia, según apunta el diario ‘Le Parisien’.